Colombia, el difícil camino de la paz: un panorama después de siete años

Decía el pensador y escritor francés Paul Valéry que “la guerra es una masacre de gentes que no se conocen en beneficio de gentes que se conocen, pero no se masacran”. Décadas de conflicto han marcado a nuestro país. Tras la Independencia y hasta el presente, y salvo breves momentos de tregua, los colombianos hemos vivido en constante confrontación interna y, paradójicamente, deseando que llegue la concordia.

La paz, que significa la convivencia razonable entre individuos, no exenta de conflictos, pero con la posibilidad de resolverlos a través del diálogo, no ha sido ni es fácil en el mundo. Desde la Antigüedad hasta hoy, se han sucedido guerras de conquista, de religión, civiles, étnicas, de secesión, revolucionarias. Pero estas continúan, a pesar de la existencia de la ONU, como espacio de alianza entre estados que pretende obrar por la paz.

En Colombia, con guerras internas continuas, la búsqueda de la paz ocupa buena parte de la historia republicana. Para citar dos ejemplos del siglo XX: los diálogos y pactos de paz entre liberales y conservadores para saldar la Guerra de los mil días, y la amnistía de 1953, durante el gobierno del general Rojas Pinilla, quien llamó a la desmovilización a las guerrillas liberales comandadas por Guadalupe Salcedo principalmente. A finales del siglo XX se presentaron nuevos intentos de paz.

En el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se decretó la Ley de amnistía de 1982, que buscó la desmovilización de las Farc, el ELN, el EPL y el M-19. La Comisión de Paz creada por el gobierno logró en marzo de 1984 el primer acuerdo de cese al fuego con las Farc en la Uribe, Meta.

El acuerdo incluía, además, el establecimiento de garantías para ejercer la actividad política por parte de los integrantes de la guerrilla y el reconocimiento a la oposición como actor político. Como resultado de este acuerdo se conformó la Unión Patriótica (UP), partido político que surgió como propuesta legal de la izquierda. En la UP participaron indígenas, estudiantes, líderes afro, agrarios y sindicalistas, entre otros. La mayoría de los integrantes de este partido fueron asesinados por grupos paramilitares.

También con el M-19 y el EPL el gobierno adelantó diálogos en Corinto (Cauca) y Hobo (Huila). En agosto de 1984 se determinó el cese al fuego. No obstante, el incumplimiento de una y otra parte, la falta de garantías para ejercer oposición, los ataques a la población civil y los asesinatos perpetrados por grupos paramilitares terminaron con el intento de paz del gobierno Betancur. La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en noviembre de 1985, rompió cualquier intento de negociación.

Durante su mandato, Virgilio Barco (1986-1990) promovió la Iniciativa para la paz, que consistió en adelantar diálogos con las guerrillas del M-19 y el EPL, que concluyeron con la desmovilización de ambos grupos en 1990. Y se dio paso a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que dio lugar a la nueva Constitución de 1991.
Dando continuidad al proceso, durante la presidencia de César Gaviria (1990-1994), se abrieron diálogos de paz en Tlaxcala, México, con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por las Farc, el ELN y el EPL.

Los diálogos, que se iniciaron en marzo de 1992, se rompieron en mayo del mismo año, luego del asesinato en cautiverio del ministro Argelino Durán por parte de guerrilleros del EPL. No obstante, durante el gobierno de Gaviria se lograron acuerdos de paz con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Indígena Armado “Quintín Lame”, y fracciones del ELN y el EPL.

El proceso de paz del Caguán, adelantado por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) creó una zona de distensión de 42 mil kilómetros cuadrados, que incluía cinco municipios de los departamentos del Meta y Caquetá (San Vicente del Caguán, La Macarena, Uribe, Mesetas y Vista Hermosa).

La agenda, denominada “Política de paz para el cambio”, incluyó diez puntos sobre derechos humanos, reformas políticas y agrarias, paramilitarismo, Derecho Internacional Humanitario, entre otros. La desorganización, el incumplimiento de las Farc en la zona de despeje y la falta de contundencia del gobierno desgastaron los diálogos. Finalmente, el secuestro en febrero de 2002 del excongresista Luis Eduardo Gechem por parte de la guerrilla dio al traste con este nuevo intento.

Colombia había vivido varios intentos para firmar la paz con la guerrilla de las Farc. En 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos retomó los diálogos con esta organización que, tras los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe, recibieron contundentes golpes militares con Santos en cabeza del Ministerio de Defensa. Los diálogos tardaron cuatro años durante los cuales se atravesaron grandes dificultades dada la falta de un alto al fuego entre los actores armados y el Estado.

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Así mismo, un amplio sector de la sociedad civil se mostró crítica del proceso y manifestó su inconformidad, llegando incluso a ganar el “No” al referendo por la paz en 2016. Sin embargo, el Acuerdo fue firmado ese mismo año con el aval del Congreso de la República. Esto llevó a la desmovilización de la guerrilla más antigua de América Latina.

Entre los puntos pactados se concertó la participación política de los miembros de las Farc, quienes fundaron un nuevo movimiento político: Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común. También se acogió la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, la implementación de políticas para el desarrollo agrario y la sustitución de cultivos de coca y otros cultivos ilícitos, y la creación de tres instituciones llamadas a velar por la paz, la memoria, la reparación y la no repetición: la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Al día de hoy, estas tres instituciones han arrojado resultados de gran valor para la construcción de memoria, paz y reconciliación.

Dichos resultados han hallado contradictores, dada la dimensión política, social y económica de sus revelaciones sobre el proceder que, en el marco del conflicto, tuvieron los actores armados, el Estado, los gremios empresariales y las organizaciones políticas de mayor influencia en la vida social colombiana.
Hoy, el ambicioso proyecto del gobierno de Gustavo Petro, la Paz total, con todos los grupos al margen de la ley, está lleno de escollos: las actitudes desafiantes del ELN, de las disidencias de las Farc y del Clan del Golfo, y las manifestaciones de oposición radical al proceso.

Pero se intenta avanzar en el difícil y espinoso camino. Curiosamente y tras tantas décadas de confrontación, aún somos muchos los colombianos que no nos acostumbramos a vivir en guerra y creemos que siempre hay otro camino.