Construir memoria para no repetir

Según cifras de la Unidad de Víctimas, dos de cada diez personas en el país son víctima del conflicto armado, un flagelo que desde el año 1985 se ha hecho más notorio debido a que paulatinamente los afectados se han atrevido a hablar, dejando el miedo a un lado y pensando más en sobreponerse pasando la página, pero no olvidando; no obstante muchas de estas personas que han buscado ayuda en entidades gubernamentales no se les ha garantizado la protección, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y así mismo, no se les ha garantizado el derecho a la no repetición.

Desde la Unidad de Víctimas, las Garantías de No Repetición son consideradas tanto una de las formas de reparación a las víctimas como uno de los principios generales de responsabilidad internacional de los Estados.

Dichas garantías, a diferencia de las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción se encuentran dirigidas a la sociedad con el propósito que no se repita la vulneración de los derechos de las víctimas, así como intentar eliminar las causas estructurales de la violación masiva de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario al interior de la sociedad.

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Para Liceth Pérez, estudiante de Administración de empresas en Ocaña, a partir del acuerdo de paz firmado en 2016 se abrió un camino para que las víctimas puedan hablar y contar su historia. Hoy lleva casi 8 años luchando para que su madre pueda ser indemnizada y tratar de recuperar un poco de lo mucho que se perdió de su finca cuando los paramilitares “los hicieron correr con lo que tenían a la mano y dejando todo atrás”.

Así como el de Liceth, es el caso de las más de 260 mil víctimas reconocidas en Norte de Santander, que han declarado y que esperan con carpeta en mano que los llamen, no para contar su historia, sino para devolverles lo que perdieron.

Según la Comisión de la Verdad, Colombia está viviendo un momento excepcional de transición entre una guerra prolongada y la construcción de un país en paz y considera que es necesario que toda la sociedad encuentre explicaciones sobre la violencia que ha vivido en estos años y aprenda otra manera de resolver las diferencias políticas buscando llegar a la verdad permitiendo comprender la manera en que operó la guerra, en disposición de rechazar lo ocurrido y de transitar hacia el horizonte de la no repetición.

La Comisión realizó 14 diálogos para la no continuidad y la no repetición del conflicto armado:

• 10 reconocimientos (de responsables y de dignificación a víctimas).
• 17 contribuciones a la verdad (entre estas las cinco sostenidas con los expresidentes Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos).
• 16 encuentros por la Verdad.
• 53 espacios de escucha (de todos los sectores, incluida la Fuerza Pública).
• 23 escenarios de convivencia.
• 5 diálogos de recomendaciones.

Sin embargo, el camino es largo y angustioso para las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, quienes por más de 30 años se han sentado a esperar a que los distintos gobiernos garanticen el derecho a la reparación y a la no repetición, y no se re victimice cada vez que existe un evento en el que deben contar su historia para no ser olvidados, haciendo más amargo el recuerdo con cada lágrima, así lo hace saber Maritza Pérez Amaya, abogada especialista en Derechos Humanos, víctima del conflicto armado y miembro de la mesa de víctimas.

Según un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el primer año del presidente Gustavo Petro sirvió para emprender acciones que buscan hacer realidad las promesas y para echar a andar iniciativas dentro de la política gubernamental de paz total, no obstante, quedan pendientes asuntos clave, como la implementación de la reforma agraria y aumentar la presencia del Estado en todos los territorios, advierte.

A pesar del esfuerzo hecho por el Estado por entrar en las regiones donde persiste el conflicto, según la Defensoría del Pueblo, durante el 2023 en Colombia, cerca de 121.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo y confinamiento. En el país hubo 154 eventos de desplazamiento forzado, lo cual representa un incremento del 7% en comparación con el 2022, cuando sucedieron 144 hechos de la misma naturaleza, es decir, no se está garantizando el derecho a la no repetición por parte del gobierno, señala el informe.

Así mismo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) informó que hubo 70.000 personas desplazadas entre enero y octubre de 2022 como parte de “desplazamientos masivos”, es decir, de 50 o más personas o 10 o más familias. Y afirma que los gobiernos municipales y departamentales suelen no tener fondos suficientes para asistir a las personas desplazadas, y la asistencia del gobierno nacional a menudo ha sido tardía y deficiente.

En 2011, el Congreso aprobó la Ley de Víctimas con el fin de asegurar la reparación a las víctimas y la restitución de millones de hectáreas que fueron abandonadas por colombianos o robadas a estos durante el conflicto.
Al mes de octubre de 2022, la justicia se había pronunciado en apenas 13.507 de las más de 142.000 solicitudes recibidas. Menos del 14 % de las más de 9 millones de víctimas registradas del conflicto armado habían recibido reparación.

Presentando un caso puntual en la región del Catatumbo, para Jazmín Ibáñez, coordinadora del Enlace de Víctimas de Ocaña, a través del municipio las víctimas pueden tener la garantía de la educación, salud, y se les entregan las ayudas inmediatas y reciben acompañamiento psicosocial.

Sin embargo, según un informe del año 2022, en los municipios PDET estaban ubicadas cerca de 2,6 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia y como muestra el reporte de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) esas localidades no cuentan con los fondos suficientes para cubrir las necesidades de los desplazados y víctimas del conflicto que día a día se acercan a las oficinas, recrudeciendo la situación y poniendo en lista de espera.

Según Holguín Mayorga Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado en Colombia: “La no repetición es uno de los elementos fundamentales dentro de todo este proceso para que las víctimas puedan ser reparadas, porque si bien es cierto, se recibe alguna dádiva que por ley corresponde, hay muchas víctimas principalmente campesinas que hoy en día están viviendo en las ciudades porque no han podido retornar a sus territorios, entonces no se cumple el ciclo para el que fue diseñada la política de no repetición, sino que lo ideal es que hubiese garantías en el territorio para poder continuar trabajando su tierra que es lo que saben hacer durante toda la vida”.

Así mismo afirmó que, “para que este proceso de no repetición se fortalezca tiene que haber unos acuerdos actualmente integrales, es decir, que no solamente se sienten en la mesa el gobierno nacional y estas estructuras guerrilleras, sino que también nos sentemos los líderes sociales y las víctimas buscando dar una solución duradera y no brindando pañitos de agua tibia a los que han sufrido la guerra”.