Población afro tiene menor acceso a educación, salud y empleo: organizaciones en el Día de los Afrodescendientes
Pese a que Colombia reconoce constitucional y legislativamente los derechos de los pueblos étnicos, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras aseguran que no ha habido voluntad política suficiente en el país para cumplir los acuerdos y planes concertados, así como los mandatos nacionales e internacionales referentes a su reconocimiento como individuos titulares de todos los derechos y libertades fundamentales.
“En Colombia, asuntos como la diversidad étnica y cultural, la no discriminación y la igualdad real no se han cumplido porque los partidos, las élites políticas y gremiales no han tenido voluntad política para eliminar esa profunda desigualdad en que están sumergidas las comunidades afros, indígenas y miles de comunidades mestizas pobres del país. Eso es racismo y discriminación racial”, señala Juan de Dios Mosquera, director nacional del Movimiento Cimarrón.
A pesar de que en el país se abolió la esclavitud en 1851, advierte la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas- CNOA-, “todavía seguimos reclamando por garantías para el cumplimiento de los derechos humanos y garantías de vida, agradeciendo la memoria de nuestros ancestros y ancestras que generaron procesos de resistencia frente a la esclavización y fundaron pueblos libres que hoy nos ayudan a visualizar un futuro promisorio para las generaciones venideras”.
Los derechos colectivos o étnicos, agrega Mosquera, no han sido reconocidos e implementados dentro de la política pública de los planes de desarrollo, ni de los planes territoriales, mientras que la población afrocolombiana sigue siendo el segmento mayoritario de las clases más pobres del país, con los indicadores socioeconómicos más bajos, con menor acceso a servicios básicos, como educación de calidad, salud, seguridad social, recreación, y menor acceso a empleos y participación en la vida pública.
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Principales exigencias
Frente a este panorama, más de 60 asociaciones y grupos de base de las comunidades afros vienen construyendo desde hace cerca de seis años, un pliego nacional de peticiones al gobierno colombiano y a la Presidencia de la República, con el cual se busca fortalecer la participación de la población afrocolombiana en la planeación de su propio desarrollo y garantizar el cumplimiento de sus derechos.
“Del pliego hacen parte 31 peticiones. Entre las prioritarias están las relacionadas con levantar la declaración sobre el reconocimiento de la competencia del Comité Internacional para la eliminación de la Discriminación Racial-CERD- para recibir y examinar las denuncias de personas o grupos de personas víctimas de violaciones de los derechos del que trata el Artículo 14 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de la Discriminación Racial”, indica Mosquera.
Un punto fundamental lo constituye la institucionalización del principio de diferenciación positiva o enfoque diferencial afrocolombiano como política pública nacional en los planes de desarrollo nacional y territoriales, y en los programas, proyectos y acciones sociales gubernamentales, con base en el porcentaje de población afrodescendiente certificada por el DANE, donde se establezcan los recursos específicos, los objetivos, resultados e indicadores de impacto, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación.
Así mismo, aseguran que es vital la creación de la Entidad Territorial Especial Afrocolombiana, o el Municipio Afrocolombiano, el cual recibiría transferencias fiscales de la Nación destinadas principalmente a educación, vivienda, salud, saneamiento básico y emprendimiento empresarial de las comunidades.
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“Este punto, conjuntamente con el enfoque diferencial en los planes de desarrollo, es una manera de reparar a las comunidades afrocolombianas, algo parecido a lo que ocurre con los resguardos indígenas”, comenta el director nacional del Movimiento Cimarrón.
Igualmente, destacan la importancia de la formulación y aprobación de un proyecto de ley de igualdad de oportunidades, acciones afirmativas y no discriminación racial de la población afrocolombiana, concertado con las comunidades y las organizaciones, “de forma tal que se eliminen las barreras que impiden el ejercicio de las oportunidades y de igualdad en la sociedad colombiana a la población afrocolombiana”, apunta Mosquera.
El pliego de peticiones incluye la creación del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Población Afrocolombiana, adscrito a la Presidencia de la República, con presupuesto propio y autonomía que coordine la acción interinstitucional para la ejecución de las políticas públicas. “Esto dentro del marco de la reparación por la esclavización a la población afrocolombiana, que funcionaría algo parecido como al ICBF, una entidad con un fondo constituido con presupuesto de la Nación, y con apoyo y cooperación de la Unión Europea y Estados Unidos”, señala el líder del Movimiento Cimarrón.
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“Para la región del Pacífico biogeográfico estamos reclamando un programa de desarrollo integral basado en la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, donde los campesinos sean contratados por el Estado para prestar servicios ambientales y puedan desarrollar programas de aprovechamiento económico y empresarial sostenible de la biodiversidad, de sus recursos forestales, pesqueros, mineros y turísticos”, explica Mosquera.
Esta iniciativa debería incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo, en el marco del posconflicto y la construcción de la paz con justicia y equidad, ya que la única manera de erradicar los cultivos de uso ilícito y el extractivismo minero que afecta las selvas y los ríos con el uso de prácticas que algunos líderes consideran generadoras de la violencia, es estabilizando los ingresos de los pobladores de la región, con inversión eficaz del Estado, garantizándoles la seguridad social familiar y oportunidades para el desarrollo educativo y laboral de la niñez y la juventud, según afirman las asociaciones.
"Un aspecto determinante en aras de garantizar los derechos de la población afro, será la regulación, concertada con las organizaciones afrocolombianas e indígenas, del ejercicio del derecho fundamental de Consulta Previa, cumpliendo los mandatos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT- y la Constitución Política de Colombia", acota Mosquera.
Mandatos que, según el Auto 005 de 2009 emitido por la Corte Constitucional, establecen que los procesos de consulta deberán ante todo garantizar los usos y costumbres de los pueblos indígenas (y tribales), respetando sus métodos o procedimientos de toma de decisiones que hubieren desarrollado.
“Algo muy importante para nuestras comunidades urbanas es exigir al Estado que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo un programa piloto de desarrollo social y erradicación de la pobreza priorizando a las comunidades de las localidades 2 y 3 de Cartagena, el Distrito de Aguablanca y Siloé en Cali, la localidad suroccidental de Barranquilla y las comunas subnormales de Buenaventura, Quibdó y Tumaco. Solo así se puede posibilitar eliminar esos guetos que existen en estas ciudades”, apunta Mosquera.
Este grupo de demandas (y otras 23 que hacen parte del pliego de peticiones) constituyen la agenda nacional de reivindicaciones estratégicas del proceso organizativo étnico del pueblo afrocolombiano, “por lo que aspiramos a que el nuevo presidente y el gobierno nacional tengan la voluntad política de entender y gestionar nuestros derechos dentro de las políticas públicas, empezando por el Plan Nacional de Desarrollo. Si en el Plan se incluye un artículo especial con los derechos convertidos en estrategias, proyectos, presupuesto adecuado, y una institucionalidad doliente, ahí nosotros estaremos diciendo que por primera vez en la historia de Colombia se va a gestionar el progreso, el desarrollo humano de las comunidades afro”, afirma Juan de Dios Mosquera.
