Durante muchos años la señora Ofelia Livingston de Barker ha sido una abanderada de la defensa de las islas de San Andrés y Providencia, en contra de la sobrepoblación, un tema que durante las últimas cuatro décadas ha sido ventilado en todos los espacios hasta lograr que se incluyera un articulado especial en la Constitución Nacional.
Sus primeros esfuerzos se vieron reflejados cuando participó en las juntas de acción comunal que, en principio, según manifiesta, fueron creadas para la defensa de la población raizal pero que luego se ‘deformó´ hasta convertirse en el principal epicentro de la sobrepoblación galopante debido a que estas concentraciones urbanas sirvieron para recibir no solo emigrantes del continente colombiano sino también desplazados del conflicto armado y hasta venezolanos.
“Llevamos más de treinta años de control poblacional y los resultados no se han visto, hace tres décadas se está haciendo control poblacional y tenemos más gente que antes.
“La situación es complicada porque durante todo ese tiempo no se ha realizado un estudio actualizado de densidad poblacional, la última reveló que éramos casi 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado y viendo el actual comportamiento de la densidad poblacional podemos tener hasta 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado”, dijo la señora Livingston de Barker.
Luego de que sus reclamaciones hicieran eco en la junta directiva de la Oficina de Control de Circulación y Residencia OCCRE, que ordenó la suscripción de un contrato que permita establecer un estudio actualizado de la densidad poblacional en las islas, vino una respuesta del Gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, quien afirmó que tras este tipo de peticiones hay “una presión individual y personal por parte de quienes lideran las manifestaciones de protesta”.
Miguel Ángel Castell, abogado y líder del campamento por la dignidad apostado en la isla de Providencia afirma que por parte del Gobierno local “hay una postura radical y recalcitrante contra las reclamaciones de la comunidad que son meramente perjudiciales para la integridad territorial de la isla”.
Por su parte, Livingston de Barker indica que las denuncias del Gobernador Hawkins son parcializadas y afirma que “en ningún momento está interesada en hacer contrataciones ya que ella no es especialista en densidad poblacional.
Es de recordar que, en el año 2019, siendo mandatario seccional el contraalmirante Juan Francisco Herrera Leal, se logró firmar un convenio con las Naciones Unidas, con el apoyo de la Universidad Católica de Chile, para hacer un estudio de capacidad de carga actualizado que hasta la fecha no se ha concretado.
Para la señora Ofelia este convenio es importante y necesario para los isleños y es hora de que se haga una acción contundente para empezar a defender la integridad del territorio étnico raizal.
“Vemos que están construyendo y están llegando más y más personas a la isla sin que ninguna autoridad haga nada al respecto, dejándonos expuesto de que perezcamos en nuestro propio territorio”, afirma.
Para Livingston de Barker es necesario que de una vez se tomen acciones al respecto, la presión ejercida por parte del liderazgo raizal se ha visto expresado en una manifestación de protesta que se inició desde el pasado 19 de abril, cuando un grupo de raizales se tomó la oficina de la OCCRE y han bloqueado la avenida 20 de Julio, una de las vías arterias de la isla.
La promesa de desbloquear la vía solo se cumplirá hasta que por parte del Gobierno Nacional y Departamental se empiece a trabajar de manera inmediata en un estudio de densidad poblacional, un sueño que lleva Ofelia de Barker, al igual que muchos isleños raizales, para defensa de la integridad territorial de la isla.