Yara Rentería: 25 años de lucha por las personas en condición de discapacidad en Chocó
Yara Rentería, madre, lideresa, conocedora e integrante del Comité de Padres y Madres del proceso del Instituto Piloto Psicopedagógico del Chocó, del que su hijo hace parte desde sus primeros meses de vida, lleva 25 años luchando por mantener vivo este lugar que apoya a las personas en situación de discapacidad en su región.
“Los papás, los antiguos, teníamos eso dotado de máquinas especializadas, teníamos cuartos de terapia ocupacional, de terapia de lenguaje y aprendizaje; de todo. Contábamos con un equipo de profesionales que se dedicaba a darle avances a nuestros hijos con todo lo que les hacían. Existía una especie de convenio con el ICBF, donde a los niños le patrocinaban sus uniformes, sus pasajes de bus y todo; muy completo. La atención era de manera integral”, afirma.
En medio de la conversación, y algunos silencios frente a preguntas que rememoran las exigencias que ha tenido por años, señaló “ahora sí da lástima (...) la verdad es que en este momento estamos tratando de medio sostener nuestros hijos allá, pero da tristeza de las condiciones en la cuales se encuentran las pocas aulas que atienden nuestros hijos. (...) pero le cuento que no queda ni la sombra de esa institución que albergaba a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas en condición de discapacidad”.
En Colombia la Ley de inclusión a las aulas regulares, 1145 de 2007 por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones, y el surgimiento de las instituciones educativas por núcleos, como lo afirma Yara Rentería, causó el cierre del instituto y la distribución de sus estudiantes según sus discapacidades en distintas instituciones educativas de la ciudad sin medidas claras de sensibilización para docentes, estudiantes y personal administrativo. El IPPCH perdió su autonomía y pasó a depender de la Institución Educativa Antonio María Claret.
“Es entonces cuando empieza el rechazo, el maltrato verbal, físico, decían que eran unos problemas y con términos peyorativos “bobos” “inválidos” y “chuncos” para esas instituciones a dar “lidia” porque no iban a aprender nada; y en los cuales nosotros como padres empezamos a retirar a nuestros hijos y dejarlos en casa, e irnos a la Gobernación del Chocó, porque teníamos entendido que era dependiente de allá, y nos escucharán”, asegura.
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Este fue solo el comienzo de una lucha por garantías mínimas ante un panorama de mayores vulneraciones con la reducción del personal docente, el deterioro de la infraestructura y la dotación insuficiente que tiene hoy a las personas matriculadas en el Instituto en condición de hacinamiento crítico.
Cabe aclarar que en el departamento del Chocó, para el 2021, según fuentes de la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Quibdó, existe un subregistro de aproximadamente 5.500 personas en condición de discapacidad, de las cuales 1.050 se encuentran escolarizadas actualmente, y 82 matriculadas en el Instituto Piloto Psicopedagógico del Chocó, en su mayoría de la ciudad de Quibdó.
El Comité de padres, madres y directivas han solicitado a través de un pliego de peticiones una sede autónoma, mobiliarios, dotación idónea, docentes capacitados y transporte escolar. Desde el mes de febrero de este año, se han establecido acuerdos con el Secretario de Educación en los que se han establecido acuerdos a corto, mediano y largo plazo que logren garantizar los derechos de las y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas en condición de discapacidad.
Si bien Yara reconoce el cumplimiento de algunos de los compromisos adquiridos, relacionados con los acuerdos a corto plazo, afirma que aún faltan muchas acciones y voluntades para que de manera real e integral haya un goce de derechos y no una angustia constante por la supervivencia. Acciones que deben abarcar una mirada amplia como la formulación e implementación de una política pública municipal y departamental.
En la ciudad de Quibdó, entre el 2012 y el 2019, hubo un primer ejercicio de formulación de una política pública municipal para personas en condición de discapacidad que, como lo menciona Yara, durante la entrevista tuvo una operatividad limitada al no ser participativa, y por tanto incluyente de un sector amplio de este sector de la población. Es solo hasta el 2021 que se solicita de manera urgente a la administración que se reactive el proceso de formulación e implementación:
“Se formó un Comité Municipal de Discapacidad en la primera semana de marzo del presente año y se hizo avance con la primera sesión. Hoy ya está terminada la política, falta la aprobación del Concejo Municipal. Esta vez fue una política pública participativa con papás, cuidadores, secretarios de despacho, población civil, investigaciones, y está proyectada para 10 años”.
Sin embargo, puntualiza que es necesario reajustar el presupuesto para que pueda responder a los distintos ejes y estrategias planteados que se han perseguido por más de 30 años de olvido, y que hacen de la veeduría un escenario de participación real en el que siempre estarán sobre la mesa las prioridades de las familias que emprendieron esta lucha.
Familias del IPPCH, por la valoración de otras formas de ser
Con Yara se puede hablar de muchos temas, tan es así que escucharla hace que el tiempo pase lento. Y como no, si habla de lo que se ha convertido en su proyecto de vida. Y mientras se acomoda para continuar la conversación, su mirada cambia con un brillo especial como quien hace memoria de aquellos momentos más significativos de su camino como madre y defensora por la dignidad y libertad de las personas en condición de discapacidad.
En el año 2013 la organización Arcángel de Bogotá la eligió como coordinadora administrativa del proyecto “Maximus Project”, un proceso deportivo llevado a cabo en el IPPCH del que Yara cuenta “fue muy bonito porque aún guardo las memorias, en todos los equipos que jugaban eran campeones y la gente se quedaba admirada porque decían que: - para sus limitaciones, cómo era que tenían tan buen entendimiento por el deporte”.
Un escenario que se lee como asombroso, pero que en realidad debería ser parte del día a día de estas familias en donde sus allegados pudieran desarrollar todas sus capacidades con el acompañamiento necesario. Porque este es el mensaje que envía junto con sus otras mamás mosqueteras, un término que ella acuña en medio de la risa y recordando a sus compañeras con las que ha defendido su causa, el hecho de respetar esas otras formas de ser, de habitar y de vivir, en una sociedad en la que existir de forma distinta no es siquiera una posibilidad, reconociendo la importancia de un acompañamiento que permita a las personas en condición de discapacidad estar en equidad e igualdad, y recibir un trato humanizado que no tenga en cuenta únicamente las habilidades diferenciadas y su clasificación sino que se preocupe por su emocionalidad, y su entendimiento con empatía.
El primer día en que conocí a Yara en un estrecho salón donde había aproximadamente 30 padres, madres y cuidadores me sorprendió la manera tan orgánica en que las mamás llegaban a ese espacio, porque es el único en que confían que se puedan llegar a acuerdos con la Secretaría de Educación, pues no tienen más referentes que líderes como Yara y Erasmo que son quienes les han dado respuestas claras y conocen la situación por la que cada uno de ellos están pasando. Cuando salí de allí, encontré a Yara en otros espacios, en el Concejo Municipal, en las distintas reuniones y esa fuerza para seguir e insistir me hizo preguntar qué la motiva aún con todo y con el poco reconocimiento y garantía que se da a los liderazgos comunitarios:
“El disfrute de la educación con tratos igualitarios. Me motiva que ellos estén felices. Son personas que el simple hecho de decir que ya entraron a clases, de verlos cómo madrugaba, vestirse a correr a estar pendiente; son esos alumnos VIP como yo les digo, que apenas escuchan que sí entraron un primero de febrero créame que estarán listos para entrar porque ellos le tienen mucho amor al centro.”
Lo que he transmitido en palabras de Yara, de don Erasmo y de los 82 padres y madres de los estudiantes del IPPCH es un debate y un relato de supervivencia que refleja las causas estructurales de exclusión social en el país, pero que no se resume ni termina con estas historias de vida particulares. A todos nos debería movilizar una belleza de justicia, una que perdure como un legado y la pregunta ¿Cómo nos gustaría ser recordados?
“Al igual me uno a la lucha y al dolor de las otras mamás que también les toca pasar y vivir las calamidades diarias que vivimos nosotros como padres, cuidadores y tutores de personas en condición de discapacidad. Eso diariamente me da una motivación para apoyarlas y a las que no saben para dónde ir; no tienen norte, horizonte. Eso me motiva porque en realidad sé que estoy haciendo una incidencia para que cuando yo no esté, ellas puedan continuar con las luchas que hemos venido haciendo 3 mamás.”
40 años del único Centro Psicopedagógico del departamento del Chocó
Corría el año de 1980 en la ciudad de Quibdó cuando el 10 de septiembre vio la luz el “Centro Infantil de Rehabilitación CINDRE” un centro educativo orientado a la inclusión académica de la población en condición de discapacidad que surge de la necesidad que tenían los chocoanos de vincular a sus familiares en situación de discapacidad a un programa de atención integral que permitiera unas condiciones de vida dignas. Inició su funcionamiento con personal docente nombrado por la Secretaría de Educación Departamental, una auxiliar de enfermería, y la dirección de Aurora Figueroa, nombrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Uno de sus principales promotores y Trabajador Social Erasmo Rengifo, un hombre de baja estatura, elegante y con un discurso elocuente, además de liderar el proceso desde la gestión e interlocución con el gobierno local, es quien convoca las reuniones, las dispone y escucha siempre desde un lugar muy atento. Revisando su documentación, con un archivo físico que lleva la historia misma del centro, escrito a mano, con su propia caligrafía y repasando entre líneas nos narra la historia de esos primeros años de funcionamiento:
En 1982, por razones económicas, el programa estuvo a punto de ser cerrado. Desde entonces su administración fue asumida por la Secretaría de Educación Departamental en 1983, quien dió inició a la construcción de la actual planta física en Quibdó.
El surgimiento de esta institución fue un alivio y dio un parte de tranquilidad a las familias que debían solventar, además de todos los cambios generados por la agudización del conflicto armado, las necesidades especiales de sus allegados en un contexto hostil en el que no se brindan herramientas para la garantía de sus derechos.
