La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la destitución e inhabilidad por 10 años contra la excongresista Aida Merlano, condenada por corrupción electoral.
De acuerdo con el ente de control, tras estudiar el recurso con el que la defensa de Merlano pretendía tumbar la decisión de 2020, no existen elementos jurídicos que avalen lo solicitado por la defensa.
Resaltó el Ministerio Público que además hay las pruebas suficientes de que Merlano “desplegó toda una serie de actividades para corromper las elecciones del 11 de marzo de 2018, pagando a los ciudadanos por los votos en favor de las aspiraciones políticas que tenía al Senado de la República”, explicó.
Igualmente, la Procuraduría sostuvo que, si tiene competencia para sancionar disciplinariamente a los funcionarios de elección popular por actos de corrupción, tal como lo definió la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Finalmente, el Ministerio Público indicó que en todo momento se respetó el derecho fundamental al debido proceso y que el asunto pasa a ser cosa juzgada, es decir la sanción queda firme.
Esta semana desde Venezuela donde Merlano permanece prófuga de la justicia colombiana, le solicitó al presidente Gustavo Petro que exija su extradición para venir a darle la cara al país, a lo que el mandatario respondió que lo evaluarán.