Además de los confinamientos, desplazamientos y restricciones impuestas por grupos armados ilegales, así como los paros armados, entre otros problemas, existe una preocupación adicional que ha sido denunciada por el secretario de gobierno departamental, José Guido Mena. Él afirmó que las restricciones impuestas por estos grupos ilegales no permiten que los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil puedan acceder a estas zonas para llevar a cabo las labores de inscripción de cédulas. Es importante recordar que, según el calendario electoral, estas labores deberían continuar hasta el 13 de julio.
"Los miembros de la Registraduría necesitan llevar a cabo el proceso de inscripción en los municipios de Sipí, Nóvita y Medio San Juan. Debido a los enfrentamientos, existe dificultad para que sus funcionarios se desplacen. Tanto el gobierno nacional como el departamental deben coordinar esfuerzos para brindarles las garantías necesarias a estos funcionarios, para que puedan realizar sus actividades, que son un derecho constitucional, y para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto el día de las elecciones", afirmó el funcionario.
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Asimismo, hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que atienda esta situación con prontitud, ya que, según los últimos consejos de seguridad liderados por las autoridades departamentales, la crisis humanitaria generada por los grupos ilegales persiste y se agrava.
La Registraduría Nacional del Estado Civil ha alertado a través de su cuenta de Twitter que, debido a amenazas al orden público, 66 puestos de votación en los departamentos del Chocó, Caquetá, Nariño, Valle Guaviare y Bolívar aún no han sido abiertos.