Breve recorrido por la historia de las elecciones regionales en Colombia

Símbolo de la democracia, las elecciones les permiten a los ciudadanos escoger a sus gobernantes. La gran fiesta de la democracia, así se refieren muchos medios de comunicación a este evento. Y sí, ha sido una gran conquista social, en contra de la arbitrariedad que reina en países de partido único.

Hasta hace un poco más de tres décadas, los alcaldes eran designados por el gobernador, quien a su vez era nombrado por el presidente de la República. El alcalde, además de encargarse de mantener el orden público y administrar los fondos públicos, ocupaba una posición prominente en el municipio junto con el cura párroco y el notario. Este líder municipal estaba investido con una autoridad moral o amoral, dependiendo de las circunstancias, y ejercía un poder que se extendía más allá de lo puramente público, a menudo vinculado con otros poderes privados.

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Encontramos en la literatura colombiana algunos retratos inspirados en estos mandatarios locales; por ejemplo, en las novelas de Eduardo Caballero Calderón con el personaje del alcalde Tipacoque, Boyacá; o en Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez Gardeazabal; o Mi hermano el alcalde de Fernando Vallejo, y La mala hora de Gabriel García Márquez. También se recuerda la aclamada serie de televisión sobre Don Camilo el cura párroco y su complicada relación con el alcalde Pepón.

A raíz de los Acuerdos de la Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, con el acto legislativo No 1 de 1986, el Congreso decide la elección directa de alcaldes, en pro de la descentralización y de una mayor participación ciudadana. La primera elección popular de alcaldes fue en 1988 y la primera elección de gobernadores en 1991.

Para las elecciones de octubre de 2023 se elegirán alcaldes en 1.102 municipios y gobernadores de 32 departamentos. También se elegirán 418 diputados de las Asambleas departamentales, que son entre 11 y 35 según la población, que coadministran y ejercen control político. Además, 12.072 concejales, y 6.513 ediles de las Juntas Administradoras Locales, JAL, por cuatro años.

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Desde una mirada crítica, hay que considerar los obstáculos en las elecciones.

Los ciudadanos aptos para votar van a depositar una papeleta en una urna, con el o los nombres del o de los candidatos que fueron seleccionados, en general, por otros: los partidos, muchos de los cuales hoy no representan una ideología, no muestran un programa consistente y son calificados de empresas electorales; los llamados grupos significativos de ciudadanos, y muchas veces detrás de ellos poderes fácticos, grandes inversiones de dinero, no siempre de procedencia legal.

Además, como antes había control de la población por uno u otro de los partidos, el liberal o el conservador, hoy también está la presión de grupos ilegales, que ostentan el control de varias regiones del país. Según la Defensoría del Pueblo, 113 municipios están en riesgo por este motivo. No falta, además, el trasteo de votos, la tradicional compra de los mismos a cambio de dinero o de materiales de construcción, incluso de comida.

Muchos ciudadanos no participan en la fiesta, la abstención electoral en estos certámenes ronda el 50%: falta de información, escepticismo o desconfianza con los políticos que prometen tanto, por la sombra de la tradicional corrupción. Sin embargo, el hecho que las alcaldías son en muchos pueblos la principal, y a veces, la única fuente de empleo formal se constituye en una incitación a votar.