La activista ambiental, Susana Muhamad, será la encargada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante el gobierno de Gustavo Petro. Tomar acciones acordes a las metas climáticas de Colombia, controlar de manera efectiva la deforestación, implementar medidas para la preservación de fauna y flora, y brindar protección a las cuencas hídricas son algunos de los retos que tendrá esta entidad en los próximos cuatro años.
Entre los escenarios que tendrá que enfrentar a corto plazo, según las promesas de campaña de Petro, está la de cerrar la puerta al fracking y a la aspersión con glifosato.
En el caso de la extracción petrolera, actualmente en el país se desarrollan en Puerto Wilches, Santander, dos proyectos pilotos de investigación con el propósito de recolectar información que permita al país decidir sobre la viabilidad de este sistema por lo que la nueva ministra tendrá que liderar las acciones que definirá el futuro de estos dos proyectos.
En cuanto a los retos a largo plazo, Muhamad, quien actualmente hace parte del equipo de empalme con el gobierno saliente, trabajará de manera prioritaria en la protección de líderes ambientales, en enfrentar la deforestación, en dar solución a los conflictos socioambientales en las regiones, así como en acelerar una transición energética responsable, según dijo en sus primeras declaraciones tras la designación.
Según las voces expertas, como WWF, organización internacional dedicada a la conservación, el gobierno entrante tiene la tarea de implementar estrategias integrales en los territorios, con acciones de tipo preventivo, correctivo y educativo más que de carácter coercitivo que permitan atacar las causas estructurales de este problema.
Según cifras del Ideam, desde 2015 anualmente se pierden, en promedio, cerca de 170.000 hectáreas de bosque, principalmente en la Amazonia por lo que WWF Colombia pide garantizar la implementación del Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonia Colombiana orientado a alcanzar cero deforestaciones en la Amazonia a 2030.
Con relación a una mejor protección de los defensores del medio ambiente y la inclusión de las comunidades locales en la gobernanza ambiental, WWF señala que el nuevo Gobierno deberá ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú. Con su adopción, argumenta, se abre una puerta para alcanzar una justicia ambiental y el fortalecimiento de una democracia ambiental desde un enfoque de concertación, progresividad, cooperación y fortalecimiento de capacidades.
Otro de los grandes retos en materia ambiental es ayudar a cumplir las metas ambientales que asumió Colombia entre las cuales se destacan reducir en 51 % sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar la carbono-neutralidad en 2050.
Para WWF, para ello se requieren grandes transformaciones en los sectores y la economía nacional, como dejar de depender de los combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón), además de financiamiento. “Es clave programar la reducción paulatina de la producción de hidrocarburos contemplando alternativas a los riesgos fiscales, económicos y sociales que la transición conlleva”, señaló la organización no gubernamental.