Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías a tres exfuncionarios de la Gobernación de Chocó y a dos particulares por su presunta participación en irregularidades de contratación al amparo de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Las anomalías se habrían presentado en el contrato 198 del 15 de abril de 2020, cuyo valor ascendió a $2.091.500.000 y contempló realizar jornadas de salud y orientación para mitigar el impacto del COVID-19 en 27 municipios.
El citado contrato, al parecer, no atendía los verdaderos requerimientos de la población en salud pública y carecía de sustento sobre la necesidad y urgencia de suscribirse. Adicionalmente, se constató que, supuestamente, vulneró decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por la pandemia.
De otra parte, fue seleccionada una fundación que no tendría la experiencia ni capacidad operativa y técnica para cumplir 11 ciclos de capacitación a 116 grupos indígenas, afrodescendientes y gitanos como fue contemplado.
Con las capturas de estas personas se evitó un posible detrimento patrimonial en el departamento por algo más de $756.000.000.
Ante estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación tentado. Cargos que no fueron aceptados.
Según informó el ente de control, los imputados son el exsecretario de Salud de Chocó, Carlos Tirso Murillo Hurtado, las exfuncionarias de la Secretaría de Salud de Chocó, Miladys Mosquera Córdoba y Yineth Samira Palacios Moreno; y los representantes de la fundación contratada, Dally Karen Mosquera García y Efraín Kevin García Maturana. Los cargos formulados no fueron aceptados.