La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la apertura de procesos administrativos sancionatorios contra los representantes legales de las EPS Medimás, Convida, Comparta y Coomeva, por el presunto incumplimiento a las instrucciones impartidas en medidas cautelares, para que resolvieran 12.740 casos que generan un riesgo para la vida de los usuarios.
Las medidas de estricto cumplimiento les ordenaban remover las barreras que impedían a los usuarios acceder a tratamientos de alto costo y a la entrega de medicamentos. Sin embargo, al momento de verificar el cumplimiento de la medida, se evidenció que 7.468 casos se encontraban aún pendientes por resolver.
“La mayoría de estas peticiones, quejas y/o reclamos fueron radicadas ante la Supersalud a lo largo de 2019 con corte a marzo 31 de 2020, pero las EPS mencionadas no dieron respuesta y solución de fondo a los casos, razón por la cual la entidad decidió emitir las medidas cautelares correspondientes”, explicó el superintendente delegado de Procesos Administrativos de la Supersalud, Andrés Evelio Mora Calvache.
Las investigaciones se abrieron contra los representantes legales Alex Fernando Martínez Guarnizo, de Medimás; Angela María Cruz Libreros, de Coomeva; Hernando Durán Castro, de Convida; y Mónica Hernández Benites, de Comparta.
De comprobarse la responsabilidad de los investigados, podrían verse sancionados desde los 50 hasta dos mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, e incluso la remoción del cargo e inhabilidad hasta por 15 años para el ejercicio de cargos que incluyan la administración de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.