Por: Colprensa.
Un informe de la Campaña Colombiana contra Minas alertó sobre el incremento de las víctimas por minas antipersonas en regiones como el sur de Córdoba, Arauca, Bajo Cauca antioqueño, en el Catatumbo, suroccidente de Nariño, en zonas de Guaviare y en el Chocó. El aumento, de acuerdo con el documento es del 102%.
En los 12 meses del año pasado fueron siete personas las que murieron de las 56 que se reportaron como víctimas de estos artefactos. Las cifras de este año tienen corte a octubre 31 y la cantidad de víctimas fue 113, de las cuales 13 han fallecido, lo que indica que ese 102% puede aumentar al finalizar este año.
Entre enero y octubre de este año, 21 menores de edad fueron blanco de las minas, lo que equivale al 19%. El año pasado se reportaron 10 niños afectados.
Para Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra Minas, explicó que el aumento se ha dado debido a que hay regiones en las que no hay una fuerte presencia del Estado y es reemplazado por grupos armados.
“Esos actores armados han estado haciendo uso de minas de manera regular durante este año, entre ellos ELN, EPL, clan del Golfo, Los Caparrapos y el cartel mexicano de los Tijuanas, que están haciendo uso de estas minas y han implicado un incremento en el número de accidentes”, dijo.
La cifra contrasta con las labores que han adelantado las brigadas de desminado en el país en las que miles de hectáreas que antaño fueron consideradas como territorios vedados para el tránsito, en la actualidad han sido declaradas libres de estos artefactos que entre 1990 y 2017 les cobraron la vida a 8.800 personas, entre militares y civiles.
Este año, se han reportado que 41 miembros de las fuerzas armadas y 72 civiles (64%) se han convertido en víctimas de las minas. En cuanto a género, el informe precisa que 105 hombres han caído en estas trampas.
“Hemos venido llamando la atención no solo del Gobierno sino de la comunidad internacional para fortalecer los programas de educación en el riesgo de minas y fortalecer los procesos de atención a las víctimas, destinar programas específicos y muy especiales a la población que están viviendo en esas zonas y donde hay presencia de estos actores armados”, señala Jiménez.