Estos son los siete puntos de la Consulta anticorrupción

Por: Equipo Por qué será.

El próximo domingo 26 de agosto los colombianos podrán participar de la Consulta Nacional Anticorrupción, un mecanismo electoral al que el Congreso de la República le dio vía libre para su realización el pasado 6 de junio.

Esta consulta popular es una forma de participación con la que los ciudadanos tendrán la oportunidad de votar si están de acuerdo o no con iniciativas como reducir el salario de los congresistas, exigir que los funcionarios públicos realicen obligatoriamente una rendición de cuentas, entre otras con las que se espera enfrentar la corrupción en Colombia.

De acuerdo con una de las promotoras de la consulta, la senadora Angélica Lozano, el propósito es “lograr la equidad, ya que mientras el 80 % de los colombianos llega a recibir hasta dos salarios mínimos, en contraste, por ejemplo, quienes están en el Congreso, reciben hasta 40 salarios mínimos”.

Pero ¿Cuáles son los alcances de esta consulta? ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía? ¿Cuál es el punto de vista desde la Academia? ¿Qué dicen los investigadores internacionales? En esta nueva emisión de la franja de análisis y convivencia de Radio Nacional de Colombia, desde diferentes aristas se da una mirada a los 7 puntos que harán parte del tarjetón electoral:

1. Reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado

De acuerdo con Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, la inquietud frente a los salarios de los congresistas es muy oportuna, así como los demás componentes de la consulta, ya que se espera darle herramientas al país para luchar en contra de la corrupción. “La verdad es que por más que le damos vueltas a este tema y por más escándalos que vemos en los medios de comunicación, la ciudadanía no ha logrado que el mensaje y que la lucha contra la corrupción cale por completo”, asegura.

Sin embargo, según investigadoras como Carolina Isaza, de la Universidad Externado de Colombia, es importante “ser cuidadosos en evitar meter a todos en una misma bolsa”. Por ejemplo, además de quejarse de los políticos corruptos, los ciudadanos deben ejercer bien su tarea al momento de elegirlos y también hacerles seguimiento, exigirles cuentas.

Para Paola Palacios, investigadora de la organización Transparencia en México, el control de la corrupción es un tema que no solo está presente en Colombia, sino en toda América Latina, a tal nivel que también en su país se han presentado iniciativas similares a la de la consulta para combatir la corrupción.

“Hemos trabajado desde hace varios años en reformas que se han incorporado en un Sistema Nacional Anticorrupción para controlarla. Desde el 2015 se presentó, por ejemplo, una iniciativa ciudadana para sancionar a los funcionarios públicos”, asegura Palacios.

2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado

De acuerdo con Angélica Lozano, en este punto se busca que quienes incurran en delitos relacionados con la corrupción no accedan al tradicional beneficio de casa por cárcel y tampoco puedan celebrar contratos con el Estado.

“Es muy importante quienes estén incurriendo en delitos de corrupción, no solamente cumplan con las penas privativas de la libertad, sino que ojalá esto nos sirva para avanzar en un régimen un poco más efectivo”, expresa al respecto Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia.

Para Jairo Rivas, investigador de la organización Transparencia en Perú, un hecho así sólo se presenta en Colombia, ya que en el caso peruano no existe el régimen penitenciario diferenciado y “es imposible que quienes hayan incurrido en delitos de corrupción puedan contratar con el Estado”.

3. Contratación transparente obligatoria en todo el país

“La realidad es que actualmente casi de la mitad de la contratación es a dedo y cuenta con un solo proponente, cuando el sentido de una licitación o de la competitividad es que haya muchos oferentes y que gane el mejor. Por esta razón decidimos establecer este punto”, asegura Lozano.

Precisamente, el propósito de la pregunta sobre contratación transparente obligatoria en todo el país busca obligar a que las entidades estatales adopten pliegos tipo en su sistema de contratación pública, tema que, de acuerdo con Lozano, se ha realizado de manera voluntaria, pero no obligatoria en todo el país.

“El 59 % de las gobernaciones cuentan con un solo proponente en temas de contratación pública, mientras que en los municipios este porcentaje es del 75%. Esto es una realidad, un tema muy alto que debemos atacar”, destaca al respecto Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, frente al panorama que se vive en Colombia respecto a las contrataciones que realizan las entidades estatales.

4. Presupuestos públicos con la participación de la ciudadanía

Para la promotora de la Consulta Anticorrupción, Angélica Lozano, el punto 4 es el alma de esta iniciativa ciudadana que se votará el próximo 26 de agosto. Allí se plantean audiencias en las que tantos ciudadanos como corporados decidan el desglose y la priorización del presupuesto.

En línea con lo planteado por este punto de la consulta, Hernández coincide en que es fundamental que la ciudadanía cuente con información respecto al manejo de los recursos en las entidades. “Necesitamos información pública de calidad, que es algo que viene sucediendo en el país, pero que precisamente es una rendición de cuentas nula”, afirma.

De acuerdo con Jairo Rivas, experto de Transparencia en Perú, es necesario aprobar esta propuesta para ver cómo se materializa en términos técnicos y prácticos, contando con la participación de los ciudadanos.

5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión

Aunque por ley ya está estipulado que los congresistas deben rendir cuentas sobre sus funciones legislativas, a través de esta pregunta en la consulta también se espera que sea obligatorio que ellos presenten su declaración de renta con las actualizaciones correspondientes.

“Este punto exige que se adopten mecanismos para que sea público y accesible en todo el tiempo el accionar de los congresistas y conocer sus debates de control político, por ejemplo”, explica Lozano.

Al respecto, Paola Palacios, de Transparencia en México, expresa que es muy importante el acceso a la información para la ciudadanía. “En nuestro caso se estableció la ley de responsabilidades administrativas, con la que se exigió que los funcionarios presenten públicamente su declaración patrimonial y de interés. Ya estamos trabajando en los formatos para que esta información sea pública”, asegura Palacios frente al avance de este aspecto en el caso mexicano.

6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio

El propósito de esta pregunta es que para que se puedan posesionar, quienes sean elegidos publiquen sus bienes y conflictos de interés, entre otros. De acuerdo con Lozano, es una iniciativa replicada desde la experiencia mexicana que puede aplicarse en Colombia y en otros países latinoamericanos.

“Fuimos pioneros en esta apuesta. Propusimos que los candidatos que aspiraran a un cargo público de elección popular debían subir a una plataforma su declaración de intereses, patrimonial y de impuestos. Posteriormente pudimos impulsar esto como ley”, explica Palacios, quien conoce de primera mano la experiencia de la lucha contra la corrupción en México.

7. No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas

Para Transparencia por Colombia, es muy importante que haya una rotación del poder, sobre todo si se trata del Congreso de la República. “Esta pregunta es imprescindible en la consulta y contribuye considerablemente en la lucha contra la corrupción”, expresa Andrés Hernández, director ejecutivo de esta corporación.

Son siete las preguntas relacionadas con estos temas las que los colombianos encontrarán en su tarjetón el próximo domingo 26 de agosto. Todos los ciudadanos podrán decidir con SI o NO marcando con una (X). De acuerdo con la Registraduría, para que los resultados de la Consulta Anticorrupción tengan validez se debe contar con la participación mínima de 12 millones de personas y cada una de las preguntas debe tener por el SÍ un mínimo de 6 millones de votos.