El Tribunal Administrativo de San Andrés sancionó con una multa equivalente a 50 salarios mínimos mensuales al gobernador del archipiélago, y a varios de sus funcionarios, por desacatar la sentencia de una acción popular frente a las deficiencias en el servicio de salud del archipiélago.
Como dirigente de la administración departamental, el gobernador de San Andrés Everth Hawkins Sjogreen, al igual que su jefe de cartera de Salud, Julián David Robinson, y otros titulares y encargados de la administración de la salud de las islas como la gerente de la IPS Universitaria Marta Cecilia Ramirez, el representante de Sermedic Ramiro de Jesús Roldan Henao y el gerente zonal de la Nueva EPS Michael Cardona, fueron sancionados, cada uno, por el Tribunal Contencioso Administrativo, con 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El Tribunal en mención profirió la sanción por el incumplimiento a los compromisos de planear e invertir recursos públicos destinados a solucionar los problemas de la prestación del servicio de salud en el departamento, y las deficiencias del Hospital Departamental Clarence Lynd Newball, además de las faltas en la gestión, la coordinación, la corresponsabilidad y el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de cada una de las entidades involucradas.
Anteriormente, una decisión del Consejo de Estado resolvió la consulta del 17 de julio de 2019 elevada por el Tribunal Contencioso Administrativo, que se refería a la sanción impuesta al gobernador encargado, contralmirante Juan Francisco Herrera Leal y al gerente zonal de la Nueva EPS, Michael Cardona con una multa de 30 salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes por haber incumplido las órdenes señaladas en la sentencia de acción popular proferida por el Tribunal, el 24 de septiembre de 2018.
Según la acción popular, el incumplimiento del fallo se hizo más evidente con la pandemia del Covid-19 y la falta de un hospital y una Unidad de Cuidados Intensivos en óptimas condiciones para atender la aceleración de casos en las islas.
Entre los ciudadanos que interpusieron la acción popular inicial se encuentran la líder social y veedora ciudadana Josefina Huffington y la exenfermera del Hospital Departamental Yolanis Pacheco, quienes manifestaron que más allá de la sanción a las entidades y sus representantes, lo importante del fallo es que en realidad se cumpla con soluciones a la comunidad y a los usuarios de la salud, ya que por muchos años han padecido inconvenientes en los procesos del hospital por mal manejo administrativo de la salud en el archipiélago.
El oficio del fallo del Tribunal se amplió para indicar que el Hospital no cuenta con adecuación en infraestructura necesaria para atender pacientes con Covid-19, ni con los medicamentos, insumos o equipos biomédicos para atender, no solo esta enfermedad sino, también otras patologías. En el fallo también se hace énfasis en que no se cuenta con el personal médico y de enfermería suficiente, ni necesario para la prestación del servicio de salud en forma oportuna y eficiente.
El tribunal manifestó igualmente que no se puede admitir que el Hospital Departamental solo tenga en funcionamiento en estos momentos un ascensor, no tenga espacio en Unidades de Cuidados Intensivos para los pacientes que requieran esta área y que la UCI adecuada para pacientes Covid-19, sin causa justificada, a la fecha no esté operando, las cirugías programadas se encuentran represadas y no se cuenta con un óptimo servicio de laboratorio.