La Defensoría del Pueblo advirtió que 27, de los 31 municipios en el departamento de Chocó, están en constante riesgo a sus Derechos Humanos. Además, advirtió que hay varias alertas tempranas activas de la entidad, que sigue de cerca esta problemática desde 2018.
"En tan solo este año, a causa de la disputa territorial entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 23.000 personas han sido víctimas de la violencia este año en estos territorios, donde se han registrado casi 14.000 confinamientos", informaron desde Defensoría.
Además, detallaron que el enfrentamiento entre estos grupos armados ha generado, por otra parte, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, extorsiones, problemas medioambientales (minería ilegal y aprovechamiento indiscriminado forestal), motivo por el que los mandatarios locales se han visto obligados a despachar desde otras jurisdicciones.
¿Qué territorios están libres de violencia?
Según la entidad, la Unión Panamericana, Carmen de Atrato, Belén de Bajirá y Atrato, son los cuatro municipios que no tienen ninguna alerta por la Defensoría del Pueblo; sin embargo, aseguraron que se le dará seguimiento ante cualquier situación de violencia.
¿Qué dice el defensor del pueblo?
Carlos Camargo, vocero de la entidad, pidió a los entes nacionales a volver la mirada hacia el Chocó, gobernar desde el territorio y adoptar planes de acción y rutas efectivas de atención, ya que el conflicto armado interno estaría agudizando la crisis humanitaria que padecen las comunidades.
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“Las graves afectaciones a sus derechos a la vida, libertad, seguridad, alimentación, salud, libre movilidad, por mencionar algunos, tienen que llegar a su fin. Llamo a los entes competentes a establecer planes de acción, rutas efectivas de atención, para favorecer a las comunidades del Chocó”, expresó el Defensor del Pueblo.
Camargo puntualizó sentenciando que el Estado no ha respondido desde hace años las necesidades de esta población:
“La respuesta estatal ha sido precaria, en consecuencia, ha agudizado la crisis humanitaria que padece la población civil. Es un departamento que, pese a la violencia generalizada, ha resistido los embates de la indiferencia de las instituciones nacionales, que deben pasar cuanto antes por el departamento, establecer campamento permanente y adoptar medidas de fondo”.