Para este viernes está prevista la primera visita presidencial de Gustavo Petro desde que llegó a la casa de Nariño, con el propósito de conversar con sectores productivos y gremios económicos y empresariales del departamento de Santander, e instalar el XXVI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria: La justicia en el mundo actual.
La instalación de este evento será el primero en su agenda en la capital santandereana y está programado para el medio día en el hotel Holiday Inn, y luego sobre las tres de la tarde se dirigirá al auditorio Low Murtra en las instalaciones del Sena, en el que liderará el Diálogo Económico y contará con presencia de ministros y varias entidades del gobierno.
Esta visita presidencial es aún más esperada por los líderes gremiales y políticos en Santander por varias razones, pero principalmente porque muchos de ellos, junto a miles de ciudadanos, se quedaron esperando al presidente el pasado martes 18 de julio, cuando también se había anunciado su visita. En ese momento, altos funcionarios del gobierno sí asistieron a las actividades programadas, pero la ciudadanía optó por salir del recinto.
Aquella vez, según información que entregó Presidencia, se indicó que el mandatario Gustavo Petro había tomado la decisión de asistir a los damnificados por la avalancha que se había presentado la noche previa y durante esa madrugada en Quetame, Cundinamarca.
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Otra de las razones por las que esta visita es sumamente esperada por los mandatarios de la región es porque los altos índices de criminalidad y delincuencia que atraviesa la región siguen en aumento. En el Magdalena Medio los crímenes ya han cobrado más de 200 vidas. En Rionegro, Santander, el alcalde prevé que no habrá posibilidad de controlar las elecciones. En Bucaramanga, el alcalde Juan Carlos Cárdenas invitó al presidente a conectarse genuinamente con las problemáticas que siguen en aumento.
Según el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, a esta serie de situaciones, se le suma una amenaza latente llamada clan del golfo que han empezado a delinquir en el departamento. Por su parte, el gobernador Mauricio Aguilar, aunque contrastó la información entregada por la defensoría y aseguró que dichos grupos hacen parte de estructuras que operan en departamentos vecinos, sí confirmó que es necesaria la presencia de más efectivos del ejército y la policía para brindarle garantías a los ciudadanos.