Según el ente de control, estos contratistas aparecen en la clasificación A2, que corresponde a ciudadanos en condición de pobreza extrema, a pesar de que reciben altos ingresos mensuales.
"La pareja sentimental de uno de estos contratistas sería una de las encargadas de registrar en el SISBÉN a los ciudadanos que acreditan situación de vulnerabilidad para recibir los beneficios estatales y quien presuntamente estaría tras esta red de corrupción", indicó el Ministerio Público.
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Por estos hechos, la Procuraduría solicitó los registros actualizados del SISBÉN a la fecha, donde se evidencien además la categoría a la que pertenecen los contratistas y los beneficios que reciben.
Asimismo, como parte de las pruebas, el ente de control pidió los documentos del SISBÉN en los que se identifique a los funcionarios que realizaron los registros y actualizaciones de los contratistas en el sistema "a sabiendas de que no ostentaban la condición de pobreza extrema que les fue asignada".