Tras más de cuatro horas de diálogos entre el gremio del transporte urbano colectivo de Villavicencio y la Alcaldía se establecieron algunos acuerdos, como llevar a cabo una mesa de moralización; un plazo de tres meses a la administración municipal para tener un documento que regule el transporte público de la Ciudad; mejorar las condiciones de los paraderos e informar a la Defensoría del Pueblo si se llegan a presentar retaliaciones por parte de las empresas hacia los propietario de los buses.
“Contar con la mesa de moralización es algo acertado, queremos una mesa compuesta por la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la misma Rama Judicial, porque hemos denunciado situaciones delicadas y no sentimos garantías”, indicó Víctor Moreno, abogado del gremio transportador.
Cabe mencionar que, aunque inicialmente uno de los temas centrales de la protesta se había centrado en la Ley 2198 de 2022, donde presuntamente se estaban negando las renovaciones de las tarjetas de operación, los motivos de la manifestación abarcaron también problemáticas como el alto valor que cobran las empresas de transporte a los propietarios para poder operar.
“Queremos brindar un mejor servicio y para ello que exista la libertad de crear empresas capacitadas, empresas que tengan una responsabilidad y aporten al desarrollo de la ciudad, pues allí nosotros invertimos lo de nuestros vehículos”, agregó Anderson Meza, representante de los propietarios del transporte colectivo.
También, manifestaron la falta de instalaciones dignas en los paraderos donde los conductores no tienen espacio para sus necesidades fisiológicas; los estados de la malla vial; la sobreoferta sin control para la operación y la modernización del Sistema de Transporte Público Urbano, que se planteó en la administración anterior, entre otros.
Sobre algunos de las situaciones expuestas por el gremio transportador, el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, puntualizó:
“Logramos en consenso levantar este cese de actividades, hemos estado siempre dispuestos al diálogo. La gran discusión es sobre un sistema estratégico de transporte público que no va, porque no está la capacidad financiera y porque esto fue solo titulares del gobierno local anterior, pero que no avanzaron, y esos billones de pesos que supuestamente había para la ciudad fue falso”.
Por último, lo que esperan los propietarios y conductores es que se logre dignificar sus labores y que exista un control sobre las empresas a las que se encuentran afiliados. Dicen que sienten "confianza" en que la Defensoría del Pueblo acompañe el seguimiento de los acuerdos, que permitieron reactivar el servicio del transporte urbano colectivo de Villavicencio.