Mediante un comunicado, los seis gobernadores del Cabildo del Pueblo Yukpa de la Serranía del Perijá anunciaron la ruptura de las relaciones con la justicia ordinaria por su incumplimiento para, según ellos, esclarecer las causas de la muerte de cinco niños de la etnia.
“La institucionalidad nos dejó solos en la tragedia ocasionada por el homicidio de nuestros cinco niños yukpa. Las relaciones de nuestra jurisdicción indígena con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses están rotas”, menciona el comunicado.
Aseguran que hasta el momento han recibido el respaldo de la viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Solano, así como las actuaciones de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Cesar, los cuales han proferido sentencias a favor del pueblo yukpa, pero que falta presencia de otras autoridades.
“Pese a los compromisos adquiridos con los altos dignatarios de Colombia, han pasado 16 días de que nuestros niños fueron asesinados y no nos hemos reunido con la fiscal general, Luz Adriana Camargo", ni con otros funcionarios, subraya el comunicado.
Así mismo, afirman que se había acordado con Medicina Legal la entrega a las autoridades indígenas de los resultados de los estudios forenses realizados a los cinco cadáveres, otro punto que, según ellos, tampoco se ha cumplido.
Indican que el día 9 de abril, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de un oficio emitido a las autoridades indígenas notificó que “una vez se obtengan los resultados, se procederá a remitirlos a la Fiscalía General, entidad que asumirá directamente la investigación del caso, dejándonos ver que no realizará la entrega del informe al pueblo yukpa incumpliendo los compromisos y su palabra de caballero”.
Debido a esta situación los seis gobernadores yukpas anunciaron al Consejo Superior de la Judicatura y a la Corte Constitucional la suspensión de la entrega de pruebas que “hemos recaudado durante estas dos semanas, así como también que están rotas las relaciones y la colaboración entre la justicia ordinaria y la justicia propia, hasta que se dé la reunión con las entidades de gobierno para abordar el esclarecimiento de estos hechos y se esclarezcan las causas de la muerte de los cinco niños indígenas”.