Las autoridades deberán remitir las razones por las cuales, a pesar de las alertas de preparación, la alcaldesa tuvo la necesidad de declarar la calamidad pública.
Así lo informó la Procuraduría, indicando que el Ministerio del Interior y del Deporte, y el DPS no han liquidado los contratos suscritos al amparo de la reforma de la Ley de Garantías.
La Procuraduría encontró entre las presuntas irregularidades la cotización de dos televisores de 55 pulgadas por un poco más de 42 millones de pesos, y dos unidades de video Wall.
La alerta la hizo el ente de control luego de que el ministerio de Ambiente notificará que los espacios de participación ambiental en el marco de los procesos de delimitación de los páramos de Santurbán, Pisba y Almorzadero serían reprogramados.
En el informe de la Procuraduría también se tuvo en cuenta el reporte sobre las medidas adoptadas en el proceso por violencia intrafamiliar que allí cursaba en favor de la madre del niño.
