En un hecho histórico en el país, la Corte Suprema de Justicia ordenó detención preventiva domiciliaria a un expresidente de la República. Se trata del senador Álvaro Uribe, investigado por los delitos de fraude procesal y soborno por una presunta manipulación de testigos. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? Abogados hacen un análisis de la coyuntura.
Vale la pena recordar que los hechos de los que se deriva la situación actual del líder del partido político de Gobierno, el Centro Democrático, se remontan a septiembre de 2014. En ese momento, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, durante un debate de control político en el Congreso de la República, quiso establecer un vínculo entre Uribe y el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia.
Para ello, argumentó su postura basado en testimonios de exparamilitares, principalmente de Juan Guillermo Monsalve, quien era mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de Uribe cuando este era gobernador de Antioquia, y quien declaró que ahí se había fundado el Bloque Metro de las Autodefensas. El expresidente calificó como falsas esas denuncias y pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigara al senador Cepeda.
“La Corte no encontró fundamento suficiente para abrir investigación formal contra el senador Cepeda, pero sí para hacerlo contra el senador Uribe”, afirmó Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, en el programa Señal de la Mañana. En efecto, el alto tribunal encontró razones sobre supuestas prácticas del expresidente para cambiar los testimonios que presentó Cepeda ante el Congreso a través de sobornos.
Implicaciones políticas
Debido a su actual cargo como senador de la República, Uribe perdió su fuero presidencial y sus acciones quedaron bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia como las de los demás senadores. Por eso, esta decisión también tiene repercusiones en su trabajo en el Congreso, “seguramente ocasionará que no pueda asistir a sus obligaciones como senador y tengan que elegir una persona que lo sustituya, por lo menos, temporalmente”, explicó el abogado litigante y docente de la Universidad Externado, Camilo Burbano.
Burbano explicó que en este caso no cabe una apelación porque es un proceso ante la Corte Suprema, “lo que sucede, es que cuando se crea la doble instancia, ustedes lo recuerdan que fue hace un par de años que se creó para los aforados constitucionales. Se crea solo para la sentencia, no para las decisiones previas a la sentencia”, aclaró en el programa Señal de la Mañana.
Entonces, ¿qué recursos le quedan a la defensa del senador Uribe? El abogado mencionó el recurso de reposición, para acudir a los magistrados para que reconsideren la decisión; una revocatoria de la medida de aseguramiento si tienen nuevas pruebas que desvirtúen los argumentos de la Corte; o un control material de la medida de aseguramiento, en los que un juez de conocimiento puede revisar si se cumplen los requisitos de forma y de fondo de la medida. Si nada de esto funciona, la defensa finalmente puede recurrir a una tutela.
Esta situación jurídica ha generado voces en contra y a favor, que alegan la independencia o no de poderes en el país. Para Burbano, “es evidente que la independencia de poderes existe, y esta decisión es un ejemplo de ello. No voy a calificar si la intervención estuvo bien o mal, porque sencillamente no conocemos las pruebas, ni los elementos de convicción que tuvo la Corte para tomarla. Sin embargo, lo que sí demuestra es que la Corte Suprema de Justicia, independientemente de quién sea el sujeto procesal, es independiente también a la toma de sus decisiones”.
El abogado manifestó que presupone un actuar con legalidad y en derecho de la Corte, y que a su parecer si había ciertos indicios para imponer las medidas de aseguramiento. “Y no me refiero a indicios de responsabilidad penal, que también son requisitos de la medida, sino indicios de que también se está cumpliendo la finalidad de la medida de aseguramiento de obstrucción a la justicia (...) Por los delitos a los que se trata, de fraude procesal y soborno a testigos, que per se indican obstrucción a la justicia”.
Sin embargo, todo lo contrario opina el abogado Iván Cancino, defensa de Diego Cadena (abogado de Álvaro Uribe), que sostiene que tienen cómo “desvirtuar cada una de las acusaciones de la Fiscalía contra el senador Uribe. No hay ninguna prueba que haga pensar que Álvaro Uribe va a obstruir la justicia o a salir del país”, expresó en el mismo programa de Radio Nacional de Colombia.
Hablan senadores
María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático:
“Este es un triunfo jurídico de la izquierda. (...) Nos da mucha tristeza que un hombre que ha trabajado tanto por la patria sea detenido (...) Por eso hemos propuesta una reforma estructural a la justicia, para que trabaje sin sesgo político, con garantías”.
Iván Marulanda, senador de la Alianza Verde:
“Soy respetuoso de las decisiones de la justicia. (...) No le doy mayor importancia a esa propuesta (del Centro Democrático sobre hacer una Asamblea Constituyente), porque surgió del dolor. No hay que darle tanta trascendencia, la Constitución del 91 es una carta fuerte, sólida y popular”.