En el Catatumbo, los menores están prefiriendo trabajar en cultivos de uso ilícito, para ayudar a sus familias, a seguir su educación. Esto, según sus propias voces, por la falta de oportunidades. Situación que aumentó durante la pandemia y el confinamiento, por lo que actualmente se viene contrarrestando este fenómeno con campañas y el seguimiento por parte de la institucionalidad.
Durante la cuarentena, las familias se quedaron sin recursos para subsistir, al tiempo, los niños y adolescentes se quedaron en casa. Las dificultades generadas por la conectividad impidieron que las clases por internet fueran óptimas y por ello las clases se realizaron por medio de guías y sin ningún tipo de control por parte de padres y docentes. El ocio y la falta de dinero empezó a impactar los núcleos familiares, estos y otros factores se sumaron para que los estudiantes buscaran nuevos rumbos amparados en la necesidad de ayudar al sustento de sus familias.
Ante el panorama, Manuel Lázaro, enlace municipal de educación en esta localidad del Catatumbo, junto con la Secretaría de Desarrollo Rural y Comunitario de Convención, dirigió el estudio "Informe de Gestión sobre Instituciones Educativas, Municipio de Convención, 2021” -cuyos resultados fueron publicados hace pocos días-, para determinar qué estaba pasando. Las conclusiones fueron determinantes. Se evidenció que los estudiantes se retiran debido a sus bajos recursos económicos, el orden público y la influencia de cultivos de uso ilícito.
El documento anota que “de manera más agresiva la tasa de deserción en secundaria en el municipio de Convención se encuentra por encima de la media nacional y departamental con un porcentaje del 6,37%. La migración de las familias, el desempleo y la situación exacerbada de orden público, el aumento de los cultivos ilícitos y la necesidad de mano de obra para el mismo, así como cierto “desencanto” de los estudiantes con el modelo educativo, son razones para considerar el alto indicie de deserción escolar en bachillerato”.
Este municipio cuenta con varias instituciones educativas, entre ellas el Instituto Técnico Agrícola, que tiene 18 sedes educativas desplegadas en el casco urbano y la zona rural. Su rector, Josué Trillos, explica que los jóvenes en su gran mayoría pertenecen al sector rural que deben ayudar a sus familias y trabajar en cultivos de uso ilícito.
“Nuestros muchachos campesinos trabajan en estos cultivos, entonces el joven trabaja y gana recursos y ya no quiere retornar a las aulas, porque para ellos la escuela no le genera ganancias”, asegura Trillos.
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Como se mencionó anteriormente, el estudio determinó que la pandemia y su permanencia en casa aumentó la deserción, comenzando el año 2022 solo con el 60% de estudiantes en presencialidad, sin embrago, en un trabajo con la orientación escolar y comisaría de familia, se buscó, según el docente Trillos, “que los padres entendieran que es un derecho fundamental la educación y es una obligación darles el servicio educativo a los niños, haciendo posible que muchos de ellos retornaran a las aulas”.
La comisaria de Familia de Convención, Adriana Bonet, también tiene su propio concepto derivado de charlas con padres de familia. Para la funcionaria, antes de la pandemia se viene haciendo el seguimiento a las conductas de los niños y adolescentes confirmando que los menores abandonan la escuela por realizar trabajos en fincas.
“Hemos tenido conocimiento que en el sector rural muchas veces los niños y los adolescentes dejan la escuela o el colegio para trabajar especialmente en ciertos sectores donde hay presencia de cultivos ilícitos”, ratificó Bonet.
En visitas a núcleos familiares, la comisaria pudo confirmar que las causas por las que abandonan las instituciones tienen que ver con la necesidad de recibir dinero, ya sea para invertir en ellos o para ayudar a sus familias. Algunos padres le dijeron que “los niños prefieren trabajar para ganar su dinero, les pagan por la labor que realizan, entonces ya la escuela y el colegio pasan a un segundo plano y, con el dinero que ganan, pueden comprar su celular, su moto y eso los incentiva más que estudiar”.
A lo anterior se suma que en algunas familias no cuentan con la figura paterna, por lo que los adolescentes deciden apoyar a la mamá y a los hermanos como una alternativa económica en beneficio del núcleo familiar.
El profesor Trillos manifiesta que, conociendo las dificultades de los alumnos, desde su institución se adelantan procesos que han permitido que los jóvenes se motiven a regresar al colegio, adelantando acompañamientos y campañas.
“El equipo sicosocial ha hecho campañas de prevención de trabajo infantil, se han gestionado técnicos con el SENA para atraerlos, logrando que continúen estudiando, pautando compromisos con los papás para que continúen”, agregó el rector.
Para el directivo docente es una realidad que los muchachos tengan que trabajar por lo que, según la edad, se les orienta para laborar a ciertas horas y así retornar al colegio, junto con el apoyo de los docentes que también los incentivan a seguir adelante dentro de la legalidad.
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Más municipios afrontan la deserción escolar
Esta problemática se repite en cada municipio del Catatumbo donde hay cultivos de uso ilícito. Tal es el caso de La Playa de Belén, en el corregimiento de La Vega de San Antonio, donde los menores se retiran del centro educativo rural Benjamín Quintero Álvarez, por trabajar. Así lo cuenta Ciro, un joven de 15 años que se salió del colegio para raspar hoja de coca.
“Duré como año y medio o dos fuera del colegio, yo venía raspando (coca) desde sexto grado, lo hacía en los días que tenía tiempo, ya cuando me retiré empecé a hacerlo todos los días. Y lo hice cuando supe que ganaba plata, entonces aprendí y empecé a trabajar en eso (…) Al principio el sueldo no era tan bueno, pero cuando ya supe como raspar bien empecé a ganar más, y decidí hacerlo por las necesidades económicas que tengo”, contó.
Las complicaciones económicas derivadas de la pandemia del Covid-19 se vieron reflejadas en las familias, por eso los niños son empleados para trabajar, manifiesta María Belén Ríos Hernández, rectora del centro educativo rural Benjamín Quintero Álvarez. Según la docente, “la Vega es una población que realmente pasa necesidades y la gran mayoría de los estudiantes trabajan en estas labores del campo. Si queremos rescatar a los niños para que no se vayan a la guerra debemos ayudarlos con educación y formación de calidad”, puntualiza.
Pero ante las circunstancias, en esa institución educativa tampoco se han quedado de manos cruzadas. Según Ríos Hernández, con el acompañamiento de los profesores se hace seguimiento a los jóvenes para que sigan estudiando, poniendo en ejecución una especie de ‘Plan Padrino’ mediante el cual docentes adoptan de manera simbólica a los niños brindándoles uniformes, refrigerios y también implementos escolares para que puedan asistir a clase con tranquilidad; aun así, insiste que es necesario que los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y el transporte se hagan efectivos para que ellos se mantengan en la institución.