La comunidad indígena de San Lorenzo, en Riosucio (Caldas) recibió más de 350 millones de pesos, como parte de una reparación administrativa, al ser víctimas de paramilitares entre la década de los 90 y el año 2000.
Este resguardo está ubicado en el bajo occidente de Caldas, en un punto de enfrentamientos entre paramilitares, fuerza pública y guerrilla, en donde habitan gran parte de los 70.000 indígenas que hay en el departamento.
El gobernador del Resguardo, José Jairo Tapasco, explica que este es el final de un proceso que empezó el 26 de octubre del año 2015.
"Esta es una reparación administrativa dentro de una medida mucho más grande de reparación colectiva. Vemos con buenos ojos que el Estado nos cumpla, y le agradecemos a la Unidad para las Víctimas, quienes siempre estuvieron acompañando el proceso", dijo Tapasco.
En total la comunidad recibió 394 salarios mínimos legales mensuales vigentes como reconocimiento a los daños sufridos en el marco del conflicto, tras haber sido incluidos en el registro único de víctimas.
De acuerdo con Araugo Gañán, exgobernador de este territorio, hay mucha expectativa con esta indemnización.
"Vemos que se cumplen los compromisos que el Estado adquirió con la comunidad, y además creemos que ellos entienden el dolor y el sufrimiento por el que pasó nuestra comunidad. Esperamos que este sea el primero de varios acuerdos en los que el Estado nos cumplirá", finalizó Gañán.
Con este dinero, dicen las autoridades indígenas, esperan seguir invirtiendo en oportunidades de empleo y mejora en la calidad de vida su comunidad. El Resguardo San Lorenzo tiene cerca de 11.000 habitantes, divididos en 21 comunidades, las cuales ocupan un área cercana a las 6.000 hectáreas.