Después de una visita preventiva que la Procuraduría realizó a la Gobernación del Chocó y a la Alcaldía de Quibdó, encontró más de 190 contratos estatales que se habrían suscrito en el departamento, después de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
Por otra parte, en la Alcaldía de Quibdó se encontraron 90 contratos de prestación de servicios y contratos de arrendamiento y la mayoría de ellos no contaban con la firma del contratista a 3 de febrero de 2022, así como otros tampoco habían sido gestionados o publicados en la plataforma SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Pública.
“Los contratos que al momento de la visita no estaban suscritos por ambas partes fueron solicitados nuevamente por el ente de control el 9 de febrero del presente año y, al ser entregados, ya contaban con la firma de las partes, es decir, al parecer fueron firmados después del día 28 de enero de 2022”, tras la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
Por parte de la Gobernación de Chocó, el Ministerio Público también evidenció hechos presuntamente irregulares en 100 contratos de prestación de servicios que, al parecer, habrían sido suscritos en plena Ley de Garantías.
La Gobernación mencionó que a estos convenios se les aplicó el protocolo transitorio emitido por Colombia Eficiente, ya que la plataforma SECOP II no estaba disponible. “No obstante, los contratos en físico habrían sido firmados por parte del gobernador del departamento después del primero de febrero del año en curso, pese a que en algunos aparece la fecha de suscripción el 28 de enero 2022”.
Es por esto que la Procuraduría Regional del Chocó envió a la delegada con funciones de instrucción disciplinaria las actas, informes y la documentación recaudada dentro de esta acción preventiva para que tomen las decisiones correspondientes.
Igualmente compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General para que estas entidades evalúen la viabilidad de iniciar una investigación.
La Ley de Garantías comenzó a regir a partir del 29 de enero de 2022 por cuenta de las elecciones legislativas realizadas el pasado 13 de marzo, y por las presidenciales a realizarse el próximo 29 de mayo, en su primera vuelta.
Esta norma busca garantizar igualdad en procesos electorales para el manejo y transparencia de los recursos públicos. Esta ley irá hasta que se elija presidente de la República.
La Contraloría General ya había emitido una alerta por el incremento en el número de contratos, antes de que entrara en vigor esta ley. También le llamó la atención otros que carecen de los requisitos legales como la entrega de la documentación en regla y contratos adjudicados a un solo contratista superiores a los 10 mil millones de pesos.