El proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural avanza en su fase final en el Congreso
Con una masiva participación de organizaciones campesinas, academia, representantes del Gobierno y gremios agrarios, se realizó el pasado 3 de abril la audiencia pública sobre el Proyecto de Ley 183 de 2024 S y 398 de 2024 C, que define las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural y establece un Procedimiento Especial Agrario.
Tras la realización de esta audiencia con actores clave del sector rural, el representante Gabriel Becerra señaló que “se cierra un ciclo con miras a su aprobación definitiva en las plenarias de Cámara y Senado”.
Esta ley ordinaria precisa competencias, principios y procedimientos que permitirán materializar la jurisdicción en los territorios rurales, después de haber sido incluida en la Constitución y regulada por una ley estatutaria.
El ambiente político favorable y los consensos construidos hacen que su aprobación sea altamente viable en el corto plazo.
Esta reforma, liderada por el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, representa una de las apuestas más importantes para garantizar el acceso efectivo a la justicia en los territorios rurales.
“El campo colombiano ha estado históricamente huérfano de justicia, y este proyecto busca llenar ese vacío con un modelo especializado que responda a las realidades y necesidades de las comunidades campesinas”, afirmó Becerra.
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La Jurisdicción Agraria fue concebida como parte del cumplimiento del Acuerdo de Paz, específicamente del punto uno, y ha atravesado un proceso de tres fases.
La reforma constitucional que creó esta jurisdicción.
Una ley estatutaria que estableció la estructura de los juzgados y tribunales.
Una ley ordinaria que precisa competencias, principios y procedimientos.
El proyecto plantea principios fundamentales que orientarán la labor de los jueces agrarios, como la protección de los más débiles y el respaldo a la producción agrícola.
“Los conflictos del campo deben resolverse con una mirada agraria, no con la lógica urbana de los jueces civiles”, señaló el representante.
Además, busca reducir los altos niveles de impunidad en zonas rurales, especialmente en municipios PDET, donde históricamente no ha existido presencia judicial y los conflictos han sido resueltos por actores armados.
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Esta reforma es vista como una herramienta clave para devolver la presencia del Estado a los territorios.
“El territorio no solo está huérfano de carreteras o de política social, también lo está de justicia. Esta jurisdicción es la posibilidad de que el Estado sea útil y confiable para la gente del campo”, añadió.
El proyecto, que ya fue aprobado en las comisiones primeras conjuntas, espera ser debatido y votado en las plenarias de Cámara y Senado.
“Confío en que, gracias al consenso que hemos construido en el Congreso, muy pronto esta ley se convertirá en una realidad para el país rural”, concluyó Gabriel Becerra.
Finalmente, señaló que con su aprobación, Colombia se acercará a una justicia más equitativa, con enfoque territorial, y basada en el reconocimiento de los derechos de quienes habitan y trabajan en el campo.
