La Procuraduría General de la Nación archivó una investigación que adelantaba contra diez exdirectivos de Ecopetrol por las presuntas irregularidades que se presentaron entre los años 2011 y 2015 en la modernización de la Refinería de Cartagena, Reficar.
El Ministerio Público investigaba el aumento del presupuesto para el proyecto de ampliación y modernización de la refinería que de $3.777 millones llegó a $8.016 millones. Además, los retrasos en el cronograma para culminar el proyecto.
Sin embargo, el ente de control explicó al archivar este proceso que la Junta Directiva de Ecopetrol “partió del principio de buena fe y confianza en la capacidad de la administración que propuso CB&I en el proyecto Reficar (…) por los conocimientos específicos y la experiencia en la materia de CB&I”.
Además, advirtió que los directivos “no tenían experiencia en las técnicas necesarias para la construcción del presupuesto de inversión de una refinería, ni tienen conocimientos de campos especializados de la ingeniería”.
Igualmente, se resaltó en la decisión que “las cifras habían sido revisadas por Foster Wheeler en agosto de 2009, quien las definió como consistentes, informe que sirvió de soporte para las aprobaciones de las juntas directivas de Ecopetrol S.A. y de Reficar. Si bien Ecopetrol S.A. y Reficar no contaban con la experiencia por sí mismas para desarrollar una ingeniería de tal talante, habían pagado por ella una suma considerable y además lograron la intervención de un tercero reconocido internacionalmente para que emitiera su opinión sobre la razonabilidad del cálculo de costos”.
Aclaró la Procuraduría General que al revisar los hechos, se puede comprobar que las gestiones adelantadas por la junta directiva de Ecopetrol no fueron irregulares ni se debieron a una actuación indebida, “sino por el contrario, fue consecuencia de una proyección de presupuesto equivocada por parte de la empresa CB&I, que hacía imposible continuar con la ejecución de la obra sino se autorizaba el incremento del presupuesto inicial”.
Finalizó el ente de control precisando que la Junta “siempre se planteó la necesidad de evitar un daño mayor al parar la obra, pues con lo invertido hasta ese momento era presupuestalmente más factible dar continuidad al proyecto que acabarlo y asumir los costos de una obra no terminada e inservible”.
Esta decisión cobija a Juan Carlos Echeverry Garzón, Javier Genaro Gutiérrez, Joaquín Moreno, Mauricio Cárdenas Santamaría, Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Manuel Fabio Echeverry Correa, Henry Medina González, Amilkar Acosta Medina y Roberto Steiner Sampedro.