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Chile: del estallido social a la convención constituyente

Algunos se preguntan qué tanto la herencia de la dictadura seguirá constriñendo a las nuevas generaciones.
Foto: JAVIER TORRES / AFP

Elegida ya la Convención Constituyente que redactará la Carta Magna que reemplazará la promulgada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, la gran incógnita es si ese mecanismo será representativo, capaz, suficiente, pragmático y transformador para canalizar en democracia el estallido social de 2019.

¿Borrón y cuenta nueva?

El jurista y sociólogo argentino Roberto Gargarella está entre quienes se preguntan qué tanto la herencia de la dictadura seguirá constriñendo a las nuevas generaciones; si la nueva Carta partirá de cero, con borrón y cuenta nueva; o si propiciará solamente algunas reformas para dar contentillo a quienes se tomaron las calles.

Gargarella teme que en Chile se repita el error de otros países: redactar una Constitución generosa en derechos, “sin tocar su vieja, elitista y conservadora organización del poder”. Un temor compartido por muchos y que explica la derrota aplastante que sufrió la propuesta de una Convención mixta: 50 por ciento por candidaturas provenientes del actual Congreso, y 50 por ciento por ciudadanos elegidos en las urnas.

¿Perdurará el constreñimiento de la dictadura?

La preocupación por el constreñimiento de la herencia de la dictadura sobre las nuevas generaciones no es de poca monta. El politólogo chileno Javier Sajuria nos ha dicho que la actual Constitución –refrendada en un plebiscito que no cumplió con estándares electorales mínimos— diseñó un conjunto de medidas que pusieron una camisa de fuerza a las mayorías y a los procesos democráticos: la “democracia protegida”.

Para el sociólogo Jorge Vergara Estévez, los inspiradores de aquella Constitución creían que el principal enemigo del país era el expansionismo soviético, adversario de la “civilización occidental y cristiana”, a través de los comunistas chilenos y sus “aliados”.

Pero, además, los promotores de la Constitución de la “democracia protegida”, se esmeraron para que:

• Protegiera preferencialmente sobre los demás derechos, el derecho a la propiedad en todas sus formas y garantizara la libertad económica como libertad de mercado.

• Convirtiera a las Fuerzas Armadas en un nuevo poder: el poder de la seguridad; un poder imprescindible.

• Y consolidara en extremo el poder presidencial para conducir la política económica y social, sin “indebidas interferencias parlamentarias”.

Sajuria –profesor en la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Queen Mary de Londres—sostiene que el gran logro de la Constitución de la dictadura fue neutralizar al ganador de las elecciones, sin importar quien fuera. Las reglas limitaban su campo de acción, pues de origen, fueran diseñadas con rasgos autoritarios.

¿Se rompió la cultura legalista?

El rasgo autoritario pervivió en democracia porque en Chile hay una cultura legalista según la cual no es positivo saltarse las reglas y, por tanto, las instituciones apelan a los mecanismos que ellas mismas se han dado para tramitar los procesos políticos, en vez de hacerlo por fuera del sistema.

Y el sistema diseñado en la dictadura para permitir un cambio constitucional exigía dos tercios de votos en el Congreso. Para contener intentos de modificarla, no pocos protagonistas de la derecha pinochetista mantuvieron su presencia en el Congreso.

Entre 1988-2005, Chile contaba con los llamados senadores designados: junto a los elegidos por la ciudadanía había senadores designados por haber sido generales del Ejército o expresidente. Así, la dictadura mantuvo artificialmente un porcentaje alto dentro del Congreso.

Este sector de la derecha que poco a poco se ha ido decantando –porque sus líderes han muerto y otros han flexibilizado posturas– controló siempre más escaños que los dos tercios— con lo cual tuvo poder suficiente para vetar cambios constitucionales.

Y como en Chile a nadie le gustaba la idea de pasarse por encima de la Constitución, eso se convirtió en el mecanismo, explica Sajuria, también integrante del Grupo de Pensamiento ‘Espacio Público’.

El rompimiento de ese constreñimiento parece haber empezado en firme. Primero con el estallido social de 2019, luego con el plebiscito de 2020 que dio vía libre a la Convención Constituyente, y ahora con la composición variopinta que se definió en las urnas.

Diego Ascencio, periodista de la Comunidad Periodística CONNECTAS, lo describe así: pocos políticos, más mujeres, más jóvenes, más independientes y dos grandes derrotados: los candidatos de derecha y de centroizquierda.

Y en esa caracterización, Ascencio destaca que:

• La mitad de los elegidos tiene menos de 39 años.

• Las mujeres tuvieron tantos votos que, en algunas regiones, debieron ceder sus cupos para mantener la paridad de género que se pactó en las negociaciones políticas.

• La ‘Lista del Pueblo’ formada en tiempo record por simpatizantes de las marchas de 2019 fue la más exitosa: obtuvo 27 curules, por encima de los partidos de centroizquierda y de los que han gobernado a Chile después de la dictadura.

• Igual que en el actual Congreso hay mayoría de abogados (59), pero también once ingenieros, seis periodistas, dos médicos, dos científicos, tres estudiantes, dos actores, dos matronas (parteras), dos veterinarios, y 17 indígenas, gracias a que se reservó ese número de escaños para los candidatos de los diez pueblos originarios.

Recogiendo lo sembrado

Sajuria sostiene que nadie debería sorprenderse con el hecho de que, tras el estallido social de 2019, se haya abierto paso el mecanismo de la Convención Constituyente.

En 2013 surgió el movimiento ‘Marca AC’ que empezó a aglutinar a sectores que demandaban un cambio en la Constitución. Durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, no menos de doscientas mil personas participaron en encuentros convocados para discutir la Constitución que anhelaban para Chile. El resultado de ese proceso fue un texto constitucional que fue descartado rápidamente por el gobierno de Sebastián Piñera. (Fin/CCH).

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