La Corte Constitucional estudia una serie de tutelas presentadas por las comunidades campesinas de Cauca, el Pacífico Nariñense y el Catatumbo, en la que le piden se suspenda la erradicación forzada de cultivos ilícitos en estas zonas del país.
El argumento de las comunidades es que están dispuestos a acogerse a los programas de sustitución voluntaria para cumplir con el Acuerdo de Paz y, además, que buscan evitar abusos por parte de la Fuerza Pública en medio de los operativos para la erradicación forzada.
Asimismo, las comunidades advierten que el Programa Nacional Integral de Sustitución presenta atrasos en su implementación, demora en los pagos a las familias cuyo sustento se basa en la hoja de coca, uso excesivo de la fuerza en los operativos y falta de medidas de bioseguridad en medio de la erradicación forzada.
Por este caso, la Corte recibió también un concepto de la Organización De Dejusticia que señaló que esos operativos no cumplen con el Acuerdo de Paz, por lo que pide “la suspensión inmediata de la erradicación forzada incluyendo las fumigaciones terrestres con glifosato, en municipios donde haya procesos de sustitución en curso o voluntad de acogerse a estos”.
La decisión se conocerá el próximo año cuando la Corte Constitucional regrese a las salas plenas que el alto tribunal realiza cada semana.