Estos son los departamentos con más ataques al personal de salud

Un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reveló que los departamentos donde se presentaron más casos de agresión contra el personal de salud en medio de la pandemia son Norte de Santander, con el 23%, y Nariño, con el 12%.

‘Retos Humanitarios 2021’ también encontró que durante el 2020, en más la mitad de los departamentos del país, incrementaron las consecuencias humanitarias, como los ataques contra la misión médica, las desapariciones forzadas, los desplazamientos masivos y las víctimas de artefactos explosivos.

Según Juan Pablo Nastri, jefe de la subdelegación Florencia del CICR, la pandemia por Covid-19 que atraviesa el país desde marzo del año anterior acrecentó algunos de estos riesgos y consecuencias; sin embargo, estas situaciones fueron invisibilizadas por el confinamiento que impuso la pandemia y el aislamiento al que fueron sometidas las comunidades más vulnerables y apartadas de los centros poblados, quienes tuvieron barreras de acceso a las rutas de atención estatal, humanitaria y medios de comunicación.

En el caso de Caquetá, pese a que se trata de un departamento donde históricamente los equipos de misión médica han sufrido obstrucciones a su labor por causa del conflicto armado, el año pasado el escenario empeoró, ubicándose como el tercer departamento con más ataques a los equipos de salud en el país, con una cifra de 27 situaciones registradas.

De acuerdo con Natri, el 32% de los 325 ataques contra la misión médica en el país tuvo relación directa con la pandemia, representados en amenazas y agresiones físicas al personal de salud. Caquetá, por su parte, no fue la excepción: “las situaciones tuvieron que ver con la estigmatización y discriminación del personal de salud por prestar atención a pacientes con Covid-19”, añadió.

De igual manera, las cifras de desapariciones en el país son alarmantes, con 114 nuevos casos de desaparición, que se suman a las 120 mil personas desaparecidas que tiene registradas la organización humanitaria.

En cuanto a los desplazamientos masivos, Nastri indicó que en Caquetá se registraron 91 casos, que representan el 0,4% del total nacional. Ambos datos, nacional y departamental, implican un alto número de personas que tuvo que abandonarlo todo a casa del conflicto armado y en ocasiones, de la carente situación económica en medio de la pandemia.

“Nos preocupa que los actores armados continúen irrespetando el DIH y otras normas humanitarias y que la población civil siga sufriendo las peores consecuencias del conflicto armado”, agregó Nastri.

En lo concerniente a víctimas por artefactos explosivos, las cifras nacionales también generan alarma, pues se registraron 386 casos (el número más alto en los últimos cuatro años), de los cuales el 77% ocurrió en cinco departamentos del país y en su mayoría pertenecen a la población civil.

Aunque Caquetá no hace parte de los departamentos donde se registraron estos casos, el CICR considera que las comunidades están en riesgo, pues es difícil estimar el grado de contaminación por artefactos explosivos que existe en estas zonas, ya que no se trata solo de la antigua presencia de dichos artefactos, sino de la nueva contaminación que se estaría generando en el contexto de la confrontación armada entre diversos grupos.

Adicionalmente, el jefe de la subdelegación Florencia del CICR destacó la necesidad de que el Estado Colombiano garantice los derechos de las comunidades más vulnerables de cara a la vacunación contra la Covid-19.

“Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Es necesario incluir dentro del Plan Nacional de Vacunación a las víctimas del conflicto, a la población privada de la libertad y a la población migrante”, concluyó Nastri.