Gobierno responde a la JEP por casos de asesinatos a excombatientes

La Jurisdicción Especial para la Paz advirtió que el Gobierno y otras entidades del Estado, no han adoptado las medidas suficientes para proteger a los más de 9 mil excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación. La JEP indicó que, luego de la firma del Acuerdo Final, más de 250 exmilitantes de las extintas guerrillas de las Farc han sido asesinados.

“La muerte de cada compareciente, priva a las víctimas de materializar sus derechos a la verdad plena, participar de las audiencias de reconocimiento y saber el lugar donde se encuentran los restos de sus seres queridos”, apuntó la JEP.
De acuerdo con el mecanismo de justicia transicional, el Ministerio de Interior no ha acatado las recomendaciones que ha hecho la entidad, y la Defensoría del Pueblo no ha dispuesto de una dependencia especial que coordine la garantía de los derechos de los excombatientes.

Así mismo, aseguró que las cifras de esclarecimiento con respecto a homicidios, tentativa de homicidio y desapariciones de reincorporados han sido deficientes, considerando que la Fiscalía ha resuelto 33 casos de 280 procesos iniciados y el 2 % de las investigaciones en materia de amenazas.

Además, la JEP señaló que existe una fragilidad y desarticulación de todas las autoridades, frente a la evaluación de alertas tempranas y mitigación de riesgos. Agregó que no se encontraron instrumentos adecuados para la medición de los resultados y las acciones emprendidas.

De igual manera, el organismo notificó que la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación es quien debe velar por la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.

“En tanto el cumplimiento de funciones y obligaciones del Estado, no deben estar sujetas a las órdenes emitidas por los tribunales. Por el contrario, mientras pasan los días, continúan sin tregua los hechos violentos contra los y las firmantes del Acuerdo", manifestó la JEP.

En respuesta, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, indicó que el comunicado de la JEP accede a su petición, respecto a que se aclaren los roles que tiene la Consejería y las demás entidades en el marco de las medidas cautelares para la protección de excombatientes.

“Muy en la línea con lo que ha pensado el presidente Iván Duque, la Consejería para la Estabilización seguirá coordinando todas las entidades que adoptan medidas para la protección. De hecho, la UNP (Unidad Nacional de Protección) está más que dispuesta a implementar las medidas que ya se habían adoptado. Lo importante para el proceso es que todos los que estamos en esto, congresistas, jueces y el Gobierno nos unamos en un propósito: que no existan ataques en contra de quienes están legítimamente en reincorporación”, dijo Archila.

Esta declaración fue entregada por el funcionario en su visita al antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- 'Caño Indio', ubicado en Tibú, Norte de Santander.