Un juez de la República cobijó con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio a un médico y a una enfermera, que habrían practicado casi 40 abortos ilegales a las integrantes del Eln, de las cuales la mayoría serían menores de edad en Arauca.
Pese a que desde 2014 hasta la fecha, el gerente de una clínica de Saravena y médico Carlos Antonio Valdés y la enfermera Bellany Castro Quintero, a la fuerza realizaban estás interrupciones de los embarazos, para el juez, ya que no registraban antecedentes judiciales y tenían arraigo, no debían ser enviados a una cárcel.
Igualmente, en la investigación se constató que estás personas brindaban asistencia médica a los integrantes de la estructura Ernesto ‘Che’ Guevara del Eln en esa zona del país.
De hecho, en las audiencias la Fiscalía explicó que estos profesionales de la salud, "facilitaban el ingreso a los centros asistenciales a los integrantes del Eln heridos o con graves enfermedades tropicales; y, supuestamente, les daban un trato privilegiado. Además, habrían viajado a los campamentos de la estructura criminal en Venezuela para realizar tratamientos, dar capacitaciones en diversos temas de salud y llevar dinero", dijo.
Por estos hechos, se les imputó los delitos de aborto sin consentimiento, rebelión, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.
Adicionalmente, en este caso fue vinculado a la investigación William Efraín Higuera Chacón, señalado de comunicar las instrucciones de los cabecillas y de transportar a las personas que harían parte del grupo ilegal, por lo que fue imputado por el delito de rebelión.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos y pese a los argumentos de la Fiscalía y los testimonios, el juez dictó medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.