Expresidente Uribe irá a juicio por presunto soborno y fraude procesal
La juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Carmen Helena Ortiz, determinó que el exsenador Álvaro Uribe debe enfrentar un juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por supuestamente haber manipulado testigos para que no lo señalaran de tener nexos con los paramilitares.
De acuerdo con la juez la decisión la toma, ya que "si existe hipótesis de materialidad de soborno (...) mal podría afirmarse que sencillamente no hay incertidumbre sobre ofrecimiento, dádiva y promesa. La Fiscalía debía establecer porque dicho requisito de asistencia jurídica", explicó refiriéndose a las supuestas ayudas que entregó a los testigos el abogado Diego Cadena y de los cuales presuntamente Uribe no sabía.
Y puntualizó sobre este tema, "en cuanto a la hipótesis de autoría o participación del exsenador Uribe Vélez en estos hechos ha quedado demostrado que contrario a lo afirmado por Diego Cadena en el reporte de las gestiones realizadas, así como la solicitud de autorización para continuar con las mismas, ocurrieron desde el mismo día en que acaeció la reunión de este con Fabián Rojas, Ángela López y el coronel Ricaurte Tapia”.
En la audiencia que duró más de seis horas, la juez indicó que "existe una prueba directa que indica que el abogado Diego Cadena actuando en nombre de Álvaro Uribe Vélez ofreció dinero a Carlos Enrique Vélez, con el fin de mentir de una supuesta reunión de alias Víctor con el senador Cepeda y de los supuestos beneficios que este le hiciera para declarar en contra de los hermanos Uribe Vélez".
Asimismo, resaltó la jueza que no existe ningún indicio que haya sido Monsalve quien buscó el contacto con el exsenador Uribe Vélez para realizar una retractación y ofrecer excusas a su familia.
“Estima el despacho que, con esta evidencia, se observa sin dificultad que es posible afirmar que existe una duda razonable acerca de si se hizo un ofrecimiento a Monsalve Pineda a cambio de su declaración. De hecho, las interceptaciones parecen mostrar que es más probable que en efecto ello haya sido así. Por lo anterior no es posible citar con certeza la ausencia de la conducta o la atipicidad de la misma para este caso se concreta con el verbo rector ‘prometer una utilidad", leyó.
Otro de los argumentos que expuso la juez para tomar la decisión, fue que la Fiscalía no hubiese llamado testigos que eran necesarios en el curso de la investigación y que habrían dado nuevas luces en el caso y señaló que el ente acusador no logró demostrar que los sobornos no ocurrieron.
“Para este despacho no resulta creíble que el haber omitido decirle a la Corte acerca de la reunión con el director de la cárcel de Cómbita,
coronel Germán Ricaurte, la abogada de los extraditables Ángela López y el asesor de la UTL de Uribe, Fabián Rojas, sea producto de la excusa que el mismo Cadena alegó posteriormente (perdió la memoria) porque difícil sería olvidar reunirse con el director de la cárcel que luego le ayudó a entrevistar a los testigos y con la abogada que le ayudó a tomar los testimonios”, dijo la funcionaria judicial.
Añadió la juez que al exsenador Uribe no se le cercenó su derecho a la defensa y que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tiene la calidad de imputado dentro de este proceso, ya que además las pruebas recolectadas por la Corte Suprema de Justicia gozan de legalidad.
Así las cosas, ahora la Fiscalía deberá acusar al exsenador y llevarlo a juicio donde esté deberá demostrar su inocencia o enfrentarse a una condena. La defensa de Uribe podrá apelar y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, deberá definir el futuro judicial del exsenador.
El proceso en contra de Uribe inició luego de que la Corte Suprema de Justicia cerrara una investigación en contra del senador Iván Cepeda por manipulación de testigos y decidiera que el que sería investigado sería Uribe, pese a que el proceso pasó de la Corte a la Fiscalía, ya que Uribe renunció a su curul, el ente acusador evaluó las pruebas y determinó que este caso se debía precluir, postura que apoyó la Procuraduría y que rechazaron las víctimas.
