A juicio dos policías más involucrados en la muerte de Javier Ordóñez
La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al intendente Juan Gabriel Bohórquez Vanegas y el patrullero Henry Alejandro Bonilla Bastidas, por su presunta responsabilidad en la muerte del ciudadano Javier Ordóñez en la madrugada del 9 de septiembre de 2020.
De acuerdo con el Ministerio Público, Bohórquez Vanegas, en su condición de comandante de patrulla de vigilancia del CAI Florida, presuntamente y de manera intencional, se excedió en el uso de la fuerza y “habría bajado violentamente del vehículo al ciudadano que se encontraba esposado de pies y manos, haciéndolo caer de rodillas contra el pavimento”.
"Al momento de descender de la patrulla Javier Ordóñez ya estaba reducido y no se requería el uso de la fuerza por lo que no era necesario continuar con las agresiones o causarle más daño a su integridad ejerciendo mayor fuerza de la necesaria (…)”, indicó el ente de control.
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Mientras que el patrullero, quien para la época de los hechos se desempeñaba como auxiliar de información del CAI Villa Luz, en Bogotá, donde murió Ordóñez, no habría impedido que dos de sus compañeros atentaran contra la integridad de Ordóñez, desde el mismo instante en que este llegó al CAI y advirtió que se encontraba con graves lesiones en su cuerpo.
“Permitió que el patrullero Lloreda Cubillos grabara los lamentos del señor Javier Humberto Ordoñez Bermúdez sin prestarle ninguna asistencia y sin siquiera verificar el estado de salud del ciudadano”, explicó la Procuraduría.
Y agregó el Ministerio Público que, "hasta la 1:25 de la madrugada el patrullero Bonilla Bastidas y otros dos policías advirtieron el mal estado de salud en que el detenido se encontraba, se comunicaron por radio solicitando la patrulla urgentemente".
Las autoridades han establecido que, tras ser reducido por la fuerza, Javier Ordoñez fue trasladado en un vehículo de la policía al CAI Villa Luz. Al llegar allí fue herido en múltiples ocasiones hasta causarle la muerte. Por este caso, la Procuraduría ya destituyó e inhabilitó por 20 años a dos miembros de la Fuerza Pública que están privados de la libertad.
