En audiencia de imputación de cargos contra las nueve personas que, de acuerdo a varias grabaciones reveladas este fin de semana, son relacionadas con el senador Mario Castaño, la Fiscalía las acusó de celebración indebida de contratos, concierto para delinquir y extorsión por otorgar contratos con entidades del Estado, en su mayoría del departamento de Caldas.
La entidad señaló que hacían parte de un grupo criminal organizado, que cobraba millonarias comisiones por obtener contratos con varias entidades públicas y que perfilaban a personas desempleadas para que obtuvieran un puesto directivo o senior con entidades como el ICBF, Sena regional Caldas, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación y la Agencia Nacional de Minería.
“Se repartieron tareas como llamadas extorsivas, selección de personal y reclutamiento para la ocupación de los cargos, no sin antes modificar sus hojas de vida y documentos de soporte para que cumplieran con la contratación estatal”, indicó el fiscal del caso.
Además, según el ente acusador, los investigados hostigaron a 16 de estas víctimas para que les entregara un dinero que era la suma de un mes de salario o de honorarios, a cambio de estas vinculaciones con el Estado. “El pago estaba para el mes siguiente de haber sido nombrado como servidor público o al mes siguiente de la adjudicación de contratos por prestación de servicios”, agregó.
Esta banda delincuencial también utilizaba como recurso la violencia sicológica para presionar a las 16 víctimas que se encontraban en una condición vulnerable económicamente. “Aprovecharon una posición de poder, que era derivada por su cercanía al senador Mario Castaño”, declaró el fiscal.
Por otro lado, a los vinculados se les indilgó el delito de estafa agravada, en el que Daniela Ospina, pareja sentimental del congresista Castaño, fue señalada de recibir 20 millones de pesos por un contrato de prestación de servicios para una asesoría de tres meses y al final no hizo nada. Es decir, presentó cuentas de cobro con ejecución de un servicio que nunca hizo.
Daniela Ospina fue imputada por el delito de concierto para delinquir agravado y estafa agravada, por lo que podría pagar una condena de hasta 18 años de prisión en caso de hallarse culpable y pagaría una multa de hasta 1.000 salarios mínimos legales vigente. Al parecer, el contrato de Ospina giraba en torno al senador Castaño.
Según las investigaciones de la Fiscalía, estas nueve personas, entre ellas un asesor político del senador Castaño, comenzaron este acto de corrupción desde enero de 2021, en la ciudad de Manizales (Caldas). Adicionalmente, tienen otra investigación de 2022 que los vincula a la exigencia de dineros por la “prestación de favores sexuales”, la cual se detallará en audiencias futuras.