Pese a que la Fiscalía General entregó las pruebas de la contaminación ambiental y la destrucción de varias zonas de reserva forestal en Chocó, producto de la agresiva extracción ilícita de oro. Un juez de la República dejó en libertad al alcalde de Medio San Juan, José Oliver Moreno, quien tendría complejos mineros en inmediaciones de los ríos Tamaná y San Juan, los cuales funcionaban clandestinamente y mediante el uso de dragas y excavadoras.
“La Fiscalía estableció que el oro obtenido, al parecer, era amparado con títulos mineros que conseguía la red mediante diferentes maniobras y certificaciones de compañías y proveedores fachada. Así, supuestamente, le daba una apariencia de legalidad para comercializarlo”, aseguró la Fiscalía.
Además, el ente de control pudo demostrar “la deforestación, pérdida de ecosistemas nativos, afectación al suelo y la capa vegetal, y contaminación física y química del agua por el vertimiento de sustancias tóxicas” en el departamento.
Otros de los capturados fueron Isaac de Jesús Vargas Urieta, señalado de controlar los entables en Atrato, Río Quito y Paimado y José Darlinton Agualimpia Mosquera, supuesto hombre de confianza del alcalde y el encargado de manejar directamente los frentes de minería, los turnos de los operarios y de la maquinaria.
En la investigación se estableció que los demás investigados estarían vinculados a la búsqueda del oro sobre las diferentes fuentes hídricas.
Por estos hechos, se les imputó los delitos de concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero.
Sin embargo, aunque el ente acusador solicitó la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra estas seis personas, el juez no accedió a la petición. Por lo que la decisión fue apelada.
Paralelamente a este proceso, les fueron incautados “cuatro inmuebles rurales, ocho urbanos y dos establecimientos de comercio. Los bienes, cuyo valor alcanzaría los 3.000 millones de pesos, pertenecerían a ‘Los Zares II’. 11 de estas propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas en Istmina (Chocó), Pereira (Risaralda) y Medellín (Antioquia)”, concluyó el ente investigador.