Actualmente, la justicia indígena es quien tiene la última palabra en la decisión sobre si las integrantes pueden interrumpir o no sus embarazos, pese a que en el país todas las mujeres de manera libre pueden interrumpirlos hasta la semana 24.
El alto tribunal nuevamente se sentará en Sala Plena para determinar si la jurisdicción indígena puede o no tomarse este tipo de atribuciones, pasando por encima de la Constitución, como ya ha pasado en dos casos, sin embargo, la discusión está dividida.
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Algunos magistrados estarían a favor de hacer un fuerte llamado de atención a las comunidades por vulnerar los derechos reproductivos de las mujeres, mientras que otros magistrados creen que con una advertencia es suficiente.
De igual forma, el alto tribunal, en esta oportunidad, no se pronunciará de fondo sobre si el aborto es o no un derecho fundamental, pero si haría un llamado para evitar que las mujeres indígenas se deban enfrentar a más barreras cuando hoy en día el Estado tiene la obligación de prestar este servicio en el sistema de salud para todas las mujeres.
En Colombia, una mujer también puede abortar cuando el embarazo es producto de un abuso sexual, el feto tiene malformaciones o la vida de la madre corre riesgo. En estos casos, no hay un limitante de 24 semanas.