Monumentos a la corrupción: años de espera en obras fallidas
La torre de urgencias del Hospital de Kennedy y la nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá, llevan más de 10 años en construcción. Hacen parte de, al menos, 30 obras inconclusas de la ciudad.
Diez años aguardando una torre para servicios de salud
“Mire, a mí me dan es ganas de llorar esa torre de Kennedy lleva como 15 años sin terminar. En pandemia aquí la gente se moría porque no tenían dónde atenderla y eso ahí quieto”, cuenta Rosa Cifuentes, residente aledaña a la construcción quien con gesto de enojo y desconfianza aún no cree que la torre de urgencias del hospital de Kennedy sea una realidad.
Su indignación y rabia aumenta ante los años de olvido de la estructura que, según ella, era la esperanza de tener el centro de urgencias más moderno de Bogotá.
Argumenta también que, si hubiese estado en funcionamiento en pandemia, habría prestado un servicio esencial con más de 100 camas hospitalarias.
La construcción inició en el 2007 con un costo de 31 mil millones de pesos, pero tras irregularidades con el contratista inicial y luego de un proceso sancionatorio, el proyecto se frustró por incumplimiento: seis prórrogas, una sanción, dos adiciones presupuestales y cambio de contratista.
Han pasado 10 años en los que el proyecto ha pasado por un sin número de problemas que llevaron a su congelamiento; hasta que en 2018 fue adjudicada al consorcio Quirón, como nuevo contratista. Fue así como las obras de reforzamiento y reestructuración se reiniciaron.
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Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, dijo que el próximo 25 de noviembre del año en curso sería entregada la obra pero a costa de un incremento triple en su valor que llegó a los $96 mil millones de pesos.
La multimillonaria sede que espera la Policía Metropolitana de Bogotá
“Eso es un elefante blanco, así digan que no. Porque el gobierno es tan cínico que dicen que no ha pasado nada y hasta hace poco empezaron a tocarla de nuevo (…). Para nosotros era insoportable, porque era un nido de roedores y hasta los malandros, mientras estuvo solo, se metían a rayar las paredes (…) Si es cierto que lo van a entregar, pues que cumplan porque yo no les creo nada y como siempre se roban la plata”, cuenta con molestia Raúl López, propietario de uno de los predios aledaños a las instalaciones de la obra.
En el 2010 durante el gobierno del ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno se inició la contratación de la obra en el sector sur de Ciudad Salitre por $44 mil millones de pesos; fue suspendida por primera vez en 2012, tiempo estimado de la entrega final de la misma.
Desde entonces y hasta el 2016, se registraron 20 episodios entre prórrogas y suspensiones que dejaron la construcción inconclusa.
Para ese mismo año, tras estudios del terreno y lo construido se recomendó hacer nuevos diseños y reforzamiento estructural, Tres años después, para el 2017, varias investigaciones y auditorías llevaron a decretar, por parte de las autoridades, una medida cautelar sobre algunos bienes de los vinculados con el contrato, declarando el incumplimiento a la empresa Castell Camel S.A. A hoy, 12 años después, el proceso se encuentra en los folios del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El secretario distrital de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, asegura que la obra se encuentra en ejecución con un avance que supera el 80% y que su culminación y entrega se tiene estipulada para finales del presente año; pero que eso ha representado en costos una cifra superior a los $180 mil millones de pesos.
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“Con el acompañamiento de la Contraloría Distrital y por solicitud expresa de la secretaría de Seguridad, el acompañamiento de la Contraloría General de la República en modo preventivo y de forma conjunta con el constructor el interventor y todas las partes concernientes, nos pusimos de acuerdo y tomamos la determinación de adicionar cerca de 43 mil millones de pesos para poder terminar este proyecto en todas sus dimensiones”, concluyó el secretario Fernández de Soto.
Son los ciudadanos quienes piden mayor rigurosidad en la ley y los procesos que se adelantan supervisando construcciones sin funcionalidad y con un alto valor económico que, en definitiva, solventan los ciudadanos. Proponen entonces que, pasado un lapso de suspensión de un proyecto, este pueda ser destinado a otro fin, de carácter social y servicio a la comunidad.
Escucha aquí el audio de la investigación:
