Camilo Lloreda, uno de los uniformados procesados por el asesinato del estudiante de Derecho Javier Ordoñez, ocurrida el pasado 9 de septiembre en Bogotá, aceptó cargos y negocia un preacuerdo con la Fiscalía a cambio de una flexibilización de la pena. El documento formal será presentado ante un juez de conocimiento, quien será el encargado de aprobar el consenso.
Con esta decisión, el expatrullero se compromete a colaborar con el curso de la investigación con la intención de garantizar el pleno esclarecimiento de lo ocurrido y con una reparación efectiva a la víctima, como lo señala el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal.
Cabe recordar que Lloreda había negado cualquier responsabilidad en el homicidio de Javier Ordoñez durante la audiencia de imputación de cargos, celebrada el pasado 21 de septiembre de 2020. En ese momento, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía lo había acusado formalmente, junto a su compañero Harvy Damián Rodríguez, por homicidio y tortura agravada.
“El material probatorio y los testimonios dan cuenta de que Rodríguez Díaz y Lloreda Cubillos habrían realizado el procedimiento policial frente al conjunto residencial en el que vivía el señor Ordóñez Bermúdez, y coordinaron su traslado hasta el CAI de Villa Luz, en la localidad de Engativá”, pronunció la Fiscalía el pasado 21 de septiembre de 2020.
En caso de que el juez apruebe el preacuerdo, se procederá a convocar a nueva audiencia para dictar la sentencia correspondiente y, con ello, terminar el proceso judicial.
Cabe recordar que el hecho investigado ocurrió en la madrugada del 9 de septiembre de 2020 en el barrio Santa Cecilia, ubicado en la localidad de Engativá, cuando dos agentes de policías, identificados como Juan Camilo Lloreda y Harby Rodríguez, requirieron a Javier Ordoñez y tras varias descargas con un teaser, los trasladaron a un CAI donde le habrían propinado golpes hasta matarlo, según reveló la autopsia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde afierman que Ordoñez presentaba “múltiples hematomas y el estallido de un riñón”.
Este caso de presunto abuso policial provocó una indignación generalizada en la ciudad, que generó unas jornadas de protestas que se desencadenaron durante los días 9 y 10 de septiembre, que ocasionaron daños en la infraestructura de varios CAI y al menos una decena de civiles muertos a manos, en su mayoría, de uniformados.