La Fiscalía General de la Nación ocupó 19 bienes, avaluados en cerca de 3.000 millones de pesos que le pertenecían a una red responsable de la alteración de alimentos y medicamentos, los cuales eran distribuidos a establecimientos de comercio y algunos operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Se trata de diez inmuebles, tres vehículos, una sociedad y cinco establecimientos de comercio ubicados en Medellín, Itagüí y Guarne (Antioquia) y Bucaramanga (Santander), que pertenecerían a los integrantes de esta red.
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Según la investigación de la Fiscalía, esta red ingresaba al país productos de Chile y Ecuador, en algunos casos vencidos o en malas condiciones y para darles apariencia de legalidad, les modificaban las fechas de expiración, lotes de fabricación, registros, etiquetas, sellos de seguridad, tablas nutricionales y otros elementos.
Fue así como estos medicamentos y alimentos vencidos fueron vendidos en Medellín, Santafé de Antioquia, Rionegro y Bello (Antioquia); Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico) y Cúcuta (Norte de Santander), entre otras ciudades.
Asimismo, los alimentos en malas condiciones llegaron a los encargados de suministrar los suplementos alimentarios del PAE a los colegios oficiales de Medellín y Bucaramanga.
Las propiedades quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).