En la noche del 8 de noviembre, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, realizó varias visitas a las Unidades de Reacción Inmediata (URI) para verificar las condiciones en las que permanecen estas personas privadas de la libertad. "La vulneración de derechos es evidente", aseguró Carmargo haciendo referencia al nivel de hacinamiento que existe en estos centros.
De acuerdo con su inspección, en algunas URI existe un hacinamiento de más del 1.000 %. En varios casos, hay personas que llevan 2 años a la espera de un cupo en alguna cárcel aún cuando la norma establece que estos centros están diseñados para una detención de máximo 36 horas.
"No se dan las condiciones mínimas para que habite una persona. Se evidencian fallas en la prestación de los servicios de salud y alimentación, entre otras", sentenció Camargo.
Asimismo, el defensor de Pueblo manifestó que “las personas privadas de la libertad que están en los centros transitorios de detención están en peores condiciones que quienes se encuentran en cárceles”.
“En la estación de Policía de Kennedy encontramos un hacinamiento del 1.016%; en la URI de Puente Aranda llega al 776% y en la URI de Engativá del 442%. Estos lugares, pese a tener capacidad para aproximadamente 30 personas, albergan hasta 780 detenidos”, agregó Camargo.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá para que “se apersone de la situación de los detenidos en estos centros, que deben ser transitorios, y para que avance en las medidas necesarias para la descongestión de estos lugares”.
En su informe la Defensoría del Pueblo también evidenció la situación que se despliega en todo el territorio, evidenciando un hacinamiento hasta del 3.220 %. Expuso por ejemplo el caso del centro de reclusión transitorio en Fray Damián en Cali. “Aunque tiene capacidad para 15 personas, actualmente alberga unas 500”, manifestó Camargo.
La situación de hacinamiento con sobrecapacidad en algunos territorios del país muestran los siguientes porcentajes:
- El centro de reclusión transitorio Candelaria (Valledupar) con 1.396%
- Desepaz (Cali), con 1.840 %
- El Centro de Reclusión del Norte en Popayán con 1.390%
- Los Mangos (Cali) con 1.250%
Por último la entidad denunció que son más de 17.500 personas que ya han sido imputadas por algún delito, 1.800 están imputados hace más de un año sin salir y 1.743 están en esos lugares aun teniendo una condena.