La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al canciller, Álvaro Leyva, y al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, por las presuntas irregularidades en la suspensión de la licitación de los pasaportes.
Según el ente de control, esta decisión de los funcionarios habría vulnerado los pilares de la contratación estatal, así como los principios de transparencia, economía y responsabilidad, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria.
Para aclarar estos hechos, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas para determinar por qué la Cancillería declaró desierta esta licitación y así definir si Leyva y Salazar “actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
En las últimas horas, la Contraloría General de la República nuevamente envió un requerimiento a la Cancillería preguntando cómo garantizarán que no se interrumpa la prestación del servicio de los pasaportes para colombianos fuera y dentro del país y con qué mecanismo se contará para proteger el patrimonio del país, pues podrían venir demandas de los oferentes que supuestamente eran aptos para dicha licitación.
En caso que no haya una respuesta y se presenten dificultades por frenar la licitación, la Contraloría también podría abrir un proceso administrativo sancionatorio fiscal en contra del canciller Leyva.