Fiscalía escuchará al magistrado Jorge Ibáñez tras presuntas interceptaciones a Corte Constitucional

La Fiscalía General de la Nación se reunirá en los próximos días con el magistrado Jorge Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, para que entregue la información sobre presuntas interceptaciones de sus comunicaciones y las de su equipo de trabajo, sin embargo, hoy en horas de la tarde se encontraría con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. 

Estos encuentros se darían en medio de la investigación que inició el ente acusador y que estará a cargo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para determinar los motivos y quiénes están detrás de estas presuntas interceptaciones.

El pasado miércoles la Corte Constitucional dio a conocer a la Fiscal General estos hechos, en los que señaló que los teléfonos de Jorge Ibáñez, su esposa y sus cinco magistrados auxiliares han sido presuntamente interceptados, por lo que ahora también se deben extremar las medidas de protección para el magistrado. 

Ante estos hechos, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le pidió a la Fiscalía investigar y determinar quiénes son los responsables de estas presuntas interceptaciones.

“Rechaza de manera contundente cualquier acto de presión, intimidación o intervención ilegal en contra de la justicia, y en este caso específico en contra de los magistrados de la Corte Constitucional”.

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Asimismo, la Comisión exigió a la Fiscalía dar celeridad a las investigaciones e hizo un llamado para que se respete la independencia de las ramas del poder público y a garantizar la seguridad de los miembros de la rama judicial.

Por otro lado, los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, a través de un comunicado se pronunciaron mostrando su preocupación ante estos hechos, pero también rechazando cualquier irregularidad contra la Rama Judicial.

“Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, se lee en el comunicado.