El Gobierno Nacional impugnó la decisión del Consejo de Estado que ordenó suspender provisionalmente el decreto que permitía la asistencia militar en todo el país en medio de las protestas que iniciaron en abril de este año.
En el recurso la Presidencia de la República indicó que el decreto se creó “para la conservación y el restablecimiento del orden público”, más no para vulnerar los derechos a la protesta o atacar a los manifestantes.
Por su parte, el Ministerio de Defensa explicó que la tutela con la que se tumbó este decreto no era procedente y que “no está acreditado que la asistencia militar haya impedido la protesta pacífica, o se haya dispuesto para tal fin”.
El Gobierno además señaló que la normativa pretende “hacer frente a los hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia que afectan algunas zonas del país y que en algunos casos fueron producto del ejercicio de la protesta”.
Sin embargo, en la decisión que días atrás tomó el Consejo de Estado se precisó que, con el fin de proteger el derecho a la protesta social, se suspendía provisionalmente este decreto, pues si bien el ejercicio del derecho fundamental a la reunión y manifestación puede limitarse cuando ocurre una afectación grave al orden público, lo admisible, es el uso de la fuerza policial, más no la militar.
"Luego de analizar el Decreto 575 de 2021, se encontró que ese acto administrativo amenaza el derecho a la protesta social, porque los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, mas no de las Fuerzas Militares", explicó la alta corte.