El Consejo de Estado absolvió a la Rama Judicial de pagar 694 millones de pesos a una mujer que fue detenida en 2007, por supuestamente pertenecer a una célula urbana de las Farc a órdenes de Carlos Antonio Lozada.
Según el alto tribunal, aunque la Fiscalía General no pudo demostrar la responsabilidad de la mujer en los delitos de terrorismo, concierto para delinquir con fines de terrorismo y rebelión, el procedimiento fue legal y el ente investigador contaba con pruebas en discos duros, por lo que no será reparada por los daños que sufrió por la privación de su libertad.
“Si bien las pruebas de los discos duros, en las que se encontraban las evidencias de la supuesta responsabilidad de la procesada, fueron excluidas del juzgamiento por no haberse guardado la cadena de custodia, al momento de decretarse la medida de aseguramiento se trataba de un material que se presumía legal. De ahí una de las principales razones para considerar que la medida de aseguramiento se ajustó a los requisitos legales y, por tanto, se trataba de una carga que la procesada estaba en el deber jurídico de soportar”, explicó la Corporación.
En el fallo se explica, además, que en el disco duro se evidenciaba que la mujer recibía órdenes de Lozada sobre reclutamiento de personas e inteligencia en medios de comunicación, transporte y colocación de bombas, y se infería que fabricaba uniformes y carpas de colores verde oliva y negro, motivos por los que fue privada de la libertad por nueve meses y 27 días.