FLIP se pronunció sobre decreto de orden público expedido por el Gobierno
El Decreto 1702 de 2023, por el cual se fijaron las normas de orden público para las elecciones del próximo 29 de octubre, “no es compatible con los parámetros constitucionales sobre la libertad de expresión y afecta el derecho a informar y a ser informado”.
Así lo expresó la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que, en particular, se quejan de tres artículos: en primer lugar, del art. 4 que prohíbe toda clase de entrevistas con fines político-electorales el día de elecciones. “Esto es una restricción arbitraria, pues las declaraciones de candidatos son un asunto de interés público y es común que los medios busquen ese tipo de entrevistas”, argumentó la Fundación.
Así mismo, el artículo 7 del decreto señala que únicamente los medios de comunicación podrán hacer uso de dispositivos electrónicos como celulares y cámaras en los puestos de votación. “No resulta acorde a la libertad de expresión una medida que limite a la ciudadanía ejercer su derecho a hacer veeduría del proceso electoral”, precisan.
#ComunicadoFLIP | El @MinInterior expidió el Decreto 1702 de 2023, una resolución que no es compatible con los parámetros constitucionales sobre la libertad de expresión y afecta el derecho a informar y a ser informado sobre las elecciones.
— Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) October 24, 2023
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Y, finalmente, frente al artículo 13, que ordena a los medios de comunicación transmitir la información de orden público solo cuando sea confirmada por fuentes oficiales, señalan: “esta restricción afecta al ejercicio periodístico, puesto que no puede haber fuentes de información vedadas o prohibidas”, añaden.
Por tanto, piden al Ministerio que modifique el decreto a cinco días de las elecciones y “lo enmiende teniendo en cuenta los parámetros constitucionales, que garanticen los derechos a la libertad de expresión y de prensa”.
De igual forma, elevaron un llamado a la Registraduría, a la Policía y al CNE para que garanticen el ejercicio libre del periodismo sin temor a represalias. Y es que tienen registro de que, en lo corrido del año, han ocurrido 69 agresiones a periodistas por parte de grupos armados y 40 casos relacionados con el cubrimiento electoral.
