Durante tres días la Fiscalía General en conjunto con el Ejército Nacional, adelantaron una ofensiva judicial contra los delitos ambientales y las conductas que afectan los recursos naturales, permitiendo la captura de 16 persona y la incautación de 1.5 toneladas de coltán.
Por medio de la información obtenida en un proceso investigativo contra las estructuras criminales vinculadas a la minería ilegal en la Orinoquía y Amazonía colombiana, unidades de la Policía Nacional interceptaron un vehículo en el que eran transportados 68 sacos con coltán, procedimiento se cumplió en Inírida (Guainía).
De otra parte personal del CTI, con apoyo del Batallón N°2 de Alta Montaña del Ejército Nacional y Corpoboyacá, intervino una mina de carbón en la modalidad de socavón que funcionaba sin los permisos de ley, contatando el uso indiscriminado de martillos neumáticos y maquinaria, además del vertimiento de residuos líquidos que habrían deteriorado la vegetación, el suelo y las fuentes hídricas. Allí fueron capturadas 10 personas en flagrancia y judicializadas.
También se identificó que en el Distrito de Manejo Integrado Guayabero – Adriático, en el Parque Nacional Natural Serranía La Macarena (Meta), fue descubierto un servicio ilegal de hotelería que se ofrecía en plena zona de reserva y especial protección ambiental. Al parecer, la vegetación nativa fue desplazada y algunas áreas deforestadas para levantar cabañas rústicas con alojamientos, baños y cocinas.
Se encontró que incluso, tenían antenas de televisión satelital. En las verificaciones se constató que, por la presencia masiva de visitantes y la realización de rutas turísticas improvisadas, se habría generado una captación desmedida de agua, erosión, pérdida de flora y desplazamiento de la fauna de la región.
Tres personas que estarían involucradas en esta actividad fueron imputadas por los delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica, daño a los recursos naturales, e ilícito aprovechamiento de recursos naturales.
Finalmente dos hombres fueron presentados ante un juez de control de garantías como presuntos responsables de arrasar con algo más de 500 hectáreas de selva en la vereda Brisas del Itebiare de Mapiripán (Meta), para sembrar pasto y levantar corrales para la cría de ganado.