A lo largo del país se desarrollan iniciativas sociales que pretenden brindar protección a las fuentes hídricas, cuerpos que no solo abastecen a las poblaciones de proteínas, sino que, además, sirven de vías de comunicación.
En Chocó se encuentra el primer río declarado como sujeto de derecho a través de sentencia judicial, sin embargo, y pese a contar con dicha protección, el río Atrato en los departamentos de Antioquia y El Chocó, continúa padeciendo; la minería, el vertimiento de desechos sólidos y la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales, son solo algunos de los factores que hacen mella en un río con más de 700 kilómetros de recorrido y que sirve de abastecimiento hídrico a más de 300 poblaciones.
Habitantes de esta cuenca hídrica se organizaron para crear la organización denominada los Guardianes del Atrato, un grupo colegiado que se ha convertido en el principal actor civil que vela por la protección del río y el cumplimiento de la sentencia T-622 de 2016, emitida por la Corte Suprema de Justicia en favor de uno de los ríos más importantes de Colombia, el Atrato.
Maryuri Mosquera, guardiana del Atrato, asegura que el cuerpo de los Guardianes del Atrato incluye consejos comunitarios, plataformas y organizaciones sociales, las cuales “han desempeñado una ardua labor de pedagogía comunitaria respecto a la divulgación de la sentencia y al establecimiento de acciones de protección local en las comunidades”.
Encuentros como el Atrato Fest, una iniciativa liderada y respaldada por las organizaciones Motete, Guardianes del Río Atrato, Tierra Digna y Foro Interétnico Solidaridad Chocó, han sido apuestas posicionadas en el departamento. El objetivo es "lograr acciones de corto y mediano plazo, como la aplicación de la sentencia T-622 como una oportunidad de desarrollo que permite realizar la descontaminación y ordena tomar acciones bien planificadas con las distintas instituciones para abordar la degradación y la contaminación ambiental en las cuencas del Río Atrato" Bernardino Mosquera, Guardián del Atrato de Río Quito.
En Meta miles de familias trabajan en la reforestación ribereña
En el departamento del Meta unas 8.451 hectáreas de bosque nativo son protegidas por estos "guarda bosques" que habitan en las zonas ribereñas de estos importantes afluentes hídricos del Meta. Unas 4.500 familias hacen parte de este programa que busca la protección de los ríos a través de procesos de reforestación, una actividad que hace unas décadas era realizada de manera voluntaria por muchos habitantes en diferentes zonas del departamento y que hoy, se ve recompensada con el pago de estos incentivos.
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En Meta, más de 500 familias que habitan en las cuencas media y alta de los ríos Guayuriba y Metica, se han sumado desde el 2023 a la estrategia de acuerdos voluntarios de Pago por Servicios Ambientales que lideran Ecopetrol, la entidad ambiental CORMACARENA y la Gobernación de este departamento.
Astrid Polanco, es una de las beneficiarias de este programa de protección de las cuencas hídricas: "Esta es una oportunidad para aportar a la preservación de los ríos que han sido nuestro sustento durante décadas. A través de esta experiencia también le enseñamos a las nuevas generaciones la importancia del cuidado del medio ambiente mediante actividades que hacen parte de nuestra rutina diaria".
En la actualidad, existen cerca de 50 afluentes a lo largo y ancho del territorio metense, que además de servir para el desarrollo económico de los habitantes de estas zonas, contribuyen a la sostenibilidad del ecosistema variado y abundante de los Llanos Orientales.
Santander: el río Oibita, un afluente hídrico afectado por el fenómeno de El Niño
Los habitantes del municipio de Guapotá, Santander, han dinamizado la economía local durante más de 200 años gracias al río Oibita, mismo que hoy se encuentra en peligro por la larga temporada de verano que atraviesa el departamento y el país derivado del Fenómeno de El Niño en Santander y todo el país.
Por ello, la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, ha hecho un llamado a las autoridades municipales para responder a las inquietudes expresadas por las comunidades de Guapotá, Oiba, Chima y Guadalupe con respecto al bajo caudal del río Oibita, las cuales han sido compartidas a través de redes sociales. Según la denuncia pública, el río se seca casi que por completo a menos de 400 metros de la infraestructura que se encarga de recoger el agua para las Pequeñas Centrales Eléctricas, PCH de San Bartolomé y Oibita, en jurisdicción de Oiba.
En respuesta a esto, la Corporación Autónoma Regional de Santander y las autoridades locales reafirmaron su compromiso con la preservación y gestión sostenible de los recursos hídricos en la región, destacando la importancia de la colaboración y vigilancia constante para garantizar la integridad ambiental de la cuenca del Río Oibita, en donde a través de una mesa de trabajo técnica permanente se analizará de manera efectiva las preocupaciones planteadas por la comunidad y se reconoció que las condiciones han cambiado desde la concesión de las licencias hace más de 11 años.
En este sentido, parte importante de esta situación se ha visto contenida precisamente porque los entes territoriales, ambientales y la comunidad le han hecho frente de manera mancomunada. Una vez más, el mensaje que todos conocemos, pero pocas veces recordamos: Es imperante respetar la raíz y el nacimiento de los ríos en Santander y todo el país; pocos ríos se mantienen en su estado natural y la creciente demanda de energía hidroeléctrica, riego y navegación interior está impulsando la rápida expansión de la construcción de presas y demás infraestructuras fluviales, lo cual altera y fragmenta los ríos de los territorios.
Por ello, en estos puntos críticos generalizados en varios territorios del departamento, la respuesta oportuna de las entidades, la comunidad y los profesionales puede marcar la diferencia en este tipo de crisis ambientales.