La JEP analiza protección para firmantes de paz
La garantía de protección de los firmantes de paz fue el tema central de la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares de protección a comparecientes forzosos realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los denominados comparecientes forzosos son los firmantes del Acuerdo de Paz en 2016.
Los datos presentados en la diligencia indican que desde que se suscribió el Acuerdo de Paz en noviembre del 2016, hasta la fecha, se reporta el homicidio de 385 excombatientes de las antiguas Farc-EP, según cifras del Instituto de Estudios del Desarrollo y la Paz (Indepaz) y, 401, según el Observatorio Pazes.
La audiencia estuvo dirigida por los magistrados Raúl Sánchez y Reinere de los Ángeles Jaramillo, integrantes de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) de la JEP.
Además, contó con la presencia de Martha Mancera, vicefiscal; Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, y Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz.
La vicefiscal Mancera recordó que la mayoría de los crímenes contra firmantes de paz fueron cometidos por grupos armados y pidió mayor articulación para frenar el asesinato de excombatientes.
“A nosotros nos corresponde la parte más importante que es la investigación, y contribuir al desmantelamiento, pero es clave la articulación interinstitucional, que debe ser efectiva y no de confrontación”, planteó.
“Los asuntos de seguridad y protección no solo corresponden a la Unidad de Implementación, son asuntos que tienen que ver con la Unidad Nacional de Protección- UNP- y con el Ministerio de Defensa. Los invito a que hagamos mesas técnicas de seguimiento frente a los resultados de esta audiencia”, propuso Rueda.
Por su parte, Gloria Cuartas presentó las acciones del Gobierno para proteger a los firmantes y manifestó que se ha recuperado la confianza entre las comunidades y el Estado.
Desmantelamiento de organizaciones criminales
Finalmente, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP ordenó a la Secretaría técnica de la Comisión Nacional de Garantías que, en un término de sesenta días hábiles, que informe sobre el estado de implementación del documento de política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y su plan de acción.
