En el volumen ‘Mi cuerpo es la verdad, experiencias de mujeres y personas Lgbtiq+ en el conflicto armado’, la Comisión de la Verdad aborda en su primera sección lo sucedido a miles de mujeres durante la confrontación partiendo de una pregunta clave: ¿Por qué el hecho de ser mujeres fue un factor decisivo en las prácticas desplegadas contra ellas por parte de los actores armados?
El documento retrata los testimonios, experiencias y la escucha de voces sobre cómo se agudizaron las violencias cotidianas y las situaciones de exclusión social y cómo esa violencia se agravó durante la guerra, arrasando sus territorios, sus rituales, y atacando sus cuerpos. Al mismo tiempo analiza factores como la persistencia del conflicto, la permanencia de violencias ejercidas contra las mujeres y las niñas en los territorios y cómo resultaron afectadas.
Estos son algunos de los elementos más relevantes que presenta el Informe al respecto:
-De más de ocho (8) millones de víctimas de desplazamiento forzado registradas, 4.025.910 eran mujeres, es decir, el 50.1%. Este es el hecho que más reportaron las mujeres a la Comisión de la Verdad.
-De acuerdo con las cifras del Registro Único de Víctimas –RUV–, y el registro de testimonios de la Comisión de la Verdad, las amenazas representaron la segunda victimización más frecuente que vivieron las mujeres en el conflicto armado con el 44,19 %. Esta fue la forma de violencia más asociada al desplazamiento forzado de las mujeres, especialmente contra las que buscaban a sus familiares desaparecidos o deseaban rescatar a sus hijos reclutados.
-La confrontación armada y el narcotráfico aumentaron el riesgo de violencia, puesto que ‘dañar a las mujeres’ era, muchas veces, una estrategia contra el enemigo, pues debilitaba las relaciones comunitarias y ayudaba a disciplinar moralmente el territorio.
-Muchas mujeres fueron vistas como enemigas por su activismo político, su liderazgo social o el cuidado del medio ambiente.
-Los actores armados comprendieron que dominar los territorios implicaba controlar a las mujeres. Este control lo ejercieron usando el cuerpo de las mujeres como lugar de conflicto, botín de guerra, fuente de placer, entretenimiento o compensación. También fueron utilizadas como fuerza de trabajo y espacio para dejar mensajes.
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-La violencia sexual fue una forma de control, castigo, esclavitud e incentivo. Se consideraba una recompensa para los hombres por haber arriesgado la vida en las batallas.
-En los 10.864 testimonios de mujeres recibidos por la Comisión se hizo patente cómo el conflicto armado afectó de forma desproporcionada a las mujeres y causó en ellas un impacto diferenciado. Esto debido, entre otros factores, a la histórica discriminación estructural que afecta, sobre todo, a campesinas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras e indígenas. También a otros grupos más vulnerables como las viudas o las mujeres con ingresos más bajos.
-La discriminación y la subordinación de las mujeres y niñas se agudizaron con la economía de las drogas ilegales. También se afianzó con la cosificación de sus cuerpos y, en numerosos casos, fueron introducidas en el circuito de la prostitución.
-Aunque las mujeres encontraron un ingreso en las labores que trajo consigo la explotación de la coca, la desigualdad estructural se agudizó, en términos de oficios, pagos y riesgos, lo que reafirmó la subvaloración del trabajo femenino.
- Mediante la presión para entablar relaciones sexuales y sentimentales con integrantes de las FARC-Ep y las AUC, las mujeres fueron forzadas a vincularse al narcotráfico como informantes o colaboradoras y así terminaron en un riesgo mayor.
-También sufrieron importantes afectaciones a la salud y padecieron el deterioro en sus condiciones de vida con intoxicaciones, problemas dermatológicos, abortos, cáncer, muertes tempranas y malformaciones congénitas. Estas afectaciones fueron generadas, en algunos casos, por las fumigaciones sobre comunidades, fuentes de agua y cultivos de pancoger. Las más afectadas fueron las mujeres que adelantaban tareas ligadas al agua, al cuidado, la alimentación y su mayor permanencia en casas y cultivos.
-Para las mujeres negras, afrodescendientes, indígenas y campesinas el Estado colombiano ha potenciado las dinámicas asociadas al desplazamiento forzado y al despojo territorial. Esta problemática se debe, por un lado, a una acción deficiente para garantizar derechos de la población rural y las regiones alejadas del país, y por otro, a las normas que favorecen una perspectiva de desarrollo que perjudica el buen vivir de los pueblos y alimenta los intereses de los actores que se disputan el control político, económico, social y militar.
-La Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Grupo de Análisis de Datos en Derechos Humanos (HRDAG) determinaron que, entre 1964 y 2019, 16.238 niños y niñas fueron víctimas de reclutamiento forzado. De ellos, 12.038 fueron reclutados por las FARC-EP hasta 2019. Del total de reclutamientos documentados, el 15,9 % eran niñas menores de 15 años y el 30,3 % mujeres adolescentes menores de 18 años.
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-Para las campesinas, el conflicto armado ha conllevado desplazamiento, despojo y abandono de sus lugares de origen y la destrucción de opciones de futuro. Esto ha afectado la productividad del campo, la identidad, la cultura y la territorialidad del campesinado y condujo a que en algunos territorios se reemplazaran sus formas de producción por economías extractivas o por megaproyectos. En el Informe final se afirma, por ejemplo, que en agroindustrias como la de la palma y la del banano, el paramilitarismo tuvo un rol activo.
-La Comisión mostró que las violencias sexuales fueron una práctica de todos los actores armados, extendida e invisibilizada durante el conflicto. Este delito también funcionó para castigar y amedrentar a lideresas o a mujeres que formaba parte de organizaciones sociales y comunitarias o a defensoras de los derechos humanos.
-La Comisión de la Verdad señaló que el Estado ha sido responsable de agresiones a mujeres en el contexto de la guerra, tanto por las acciones de algunos de sus agentes en zonas de conflicto, como al permitir la desprotección que puso a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
-De acuerdo con el Informe, las modalidades más frecuentes de desprotección por parte del Estado, han sido las dificultades en el acceso a la justicia para mujeres víctimas del conflicto, las demoras y falta de asistencia humanitaria de emergencia, así como la excesiva centralización de la presencia de entidades públicas encargadas de atenderlas.
Escucha aquí el quinto episodio del podcast sobre la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad.