¿Qué dice el informe de la Comisión de la Verdad sobre el campo?

A la población del campo “se les han negado y vulnerado sistemáticamente los derechos de propiedad y uso de la tierra en paz y en condiciones de igualdad”. Así lo señala la Comisión de la Verdad en su Informe Final, en el cual se destacan la igualdad, la garantía de bienestar y el cambio climático como algunos aspectos a tener en cuenta para entender la ruralidad en Colombia y su relación con la persistencia del conflicto armado.

Luego de entrevistar a más de 25 mil personas, la Comisión de la Verdad plasma en el eje temático sobre los territorios rurales hallazgos que encontraron en su investigación sobre las afectaciones de más de cincuenta años de conflicto en el campo colombiano. Por esa razón, plantea algunas recomendaciones para garantizar la no repetición y resarcir a regiones que se vieron desproporcionadamente afectadas por la violencia.  

El organismo demanda, en primera instancia, el reconocimiento de las grandes desigualdades que han caracterizado históricamente al campo colombiano. Señala que se ha negado a sus comunidades la participación en asuntos públicos y a gozar de bienes y servicios públicos fundamentales para el bienestar humano, entre ellos, seguridad, justicia, salud, educación e infraestructura para una adecuada explotación económica productiva y sostenible.

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Admite que la guerra se libró predominantemente en el campo, por lo que el impacto fue desproporcionado y diferencial en territorios rurales. De esta manera, anota la Comisión, se perjudicó principalmente a comunidades campesinas, pueblos étnicos, mujeres y personas LGBTQ+. Además, afectó al movimiento político campesino y los liderazgos rurales, étnicos, ambientales, territoriales, feministas y de diversidad sexual.

Hay otros reconocimientos que hace la Comisión de la Verdad: las contribuciones socioeconómicas, culturales y políticos de las ruralidades al país y el impacto del conflicto armado interno sobre la naturaleza.

En este contexto, el Informe Final incluye, propone que en medio del proceso de reparar al campo y sentar las bases para un futuro en paz, cumplir las disposiciones del Acuerdo de paz en relación con la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito, establecer relaciones de confianza con las instituciones del Estado, garantizar derechos económicos, sociales y culturales y ambientales y aprovechar el potencial económico como principio del desarrollo territorial, sostenible e incluyente.

Para desarrollar los puntos señalados, sugiere tener en cuenta un proceso de diálogo amplio y plural cuyo fin sea brindar protección a poblaciones rurales históricamente desprotegidas, discriminadas, explotadas o marginadas. Además de atender las necesidades particulares de la juventud, la garantía de derechos de las organizaciones e identidades campesinas.

Y también expone que es necesario concebir el campo y los ecosistemas como bienes jurídicos de especial protección, y reconocer las poblaciones rurales como aliados para su conservación y aprovechamiento sostenible. Por lo que, afirma la organización, que se debe reconocer a la naturaleza como víctima del conflicto armado. 

Pide, asimismo, el respete de las prácticas ancestrales y atender los efectos de actividades económicas y modelos de desarrollo rural legales e ilegales sobre la degradación ambiental y el cambio climático.

La Comisión de la Verdad propone al Gobierno y el Congreso prevenir y reparar violaciones de derechos humanos y ambientales relacionados con actividades empresariales. Trazar una frontera agraria, formular una legislación sobre la acumulación indebida de baldíos, avanzar en procesos de revisión y aprobación de zonas de reserva campesina y revisar el proceso de restitución para darle mayor agilidad a sus distintas fases.

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El Informe Final de la Comisión de la Verdad se puede consultar públicamente aquí.